Óscar Mario Beteta
El escenario de violencia política que vivimos en las elecciones intermedias de 2021 no debe repetirse.
En ese proceso electoral la consultora Etellekt, que desde hace dos décadas da seguimiento a este tipo de agresiones, registró mil 66 ataques a políticos, con un saldo de 102 víctimas de homicidio doloso, 36 de las cuales eran aspirantes y candidatos.
Ese año fue por mucho uno de los más violentos que ha vivido México en el marco de las agresiones contra políticos y políticas, con un incremento de 38 por ciento de los casos en comparación con las elecciones de 2018.
En ese proceso se registraron 774 hechos delictivos contra políticos y candidatos y 152 víctimas mortales, entre ellas 48 aspirantes y candidatos a puestos de representación popular.
Con 254 políticos asesinados y mil 840 crímenes como secuestros, lesiones por arma de fuego, desapariciones forzadas y varios delitos más contra personas que se dedicaban a la vida pública, esas dos elecciones por sí solas han sido las más violentas desde el año 2000, fecha en la que comenzó la alternancia política en México.
A nadie le conviene que la violencia política se desate y mucho menos cuando todavía ni siquiera arranca formalmente el proceso electoral para las elecciones federales y presidenciales de 2024.
Aunque igualmente lamentable, hasta el momento las muestras de encono se han mantenido en el ámbito virtual, pero ya se han registrado ataques más frontales, como el abucheo presuntamente orquestado por Morena contra la opositora Xóchitl Gálvez en un mercado de Oaxaca o la agresión a gritos contra Claudia Sheinbaum por un envalentonado sujeto en un restaurante en Nuevo León.
Analistas han advertido que en estas campañas la confrontación podría agudizarse y hay quienes incluso han señalado que existen las condiciones para que se repita un magnicidio, como ocurrió en 1994 con Luis Donaldo Colosio, quien siendo candidato del PRI fue asesinado en un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana.
Ante estas afirmaciones el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso y aseguró que en su gobierno no se actúa de forma perversa ni se manda reprimir a opositores, por lo que consideró que incluso deslizar la idea de un crimen de esa magnitud es irresponsable.
Además, señaló que este tipo de afirmaciones provocan inestabilidad y tienen motivaciones políticas, sin embargo afirmó que se debe blindar a los candidatos que buscan los nombramientos en sus respectivos partidos para que reciban protección.
En línea con ello, no sería mala idea que desde ya se comenzaran a adelantar, así como la sucesión presidencial, los protocolos para proteger y resguardar a los precandidatos y precandidatas, pues su seguridad no es exclusiva del gobierno federal, sino también de los partidos que les están aventando al ruedo y hasta del Instituto Nacional Electoral a través de acuerdos interinstitucionales con gobiernos locales.
Durante el periodo legal de las elecciones, se activan los dispositivos de seguridad para los candidatos, pero ahora estamos en un terreno inédito, como lo hemos mencionado anteriormente, por lo que convendría adaptarse a estas nuevas condiciones que la misma realidad está terminando de imponer.
Si bien la inseguridad es un problema en este país, la violencia política es distinta, ya que busca desestabilizar y provocar miedo entre los votantes.
Unas campañas violentas y de odio no convienen a nadie, pues en lugar de propuestas lo único que veremos los ciudadanos será un lodazal, un intercambio sinfín de insultos y amenazas, y sobre todo miedo.
Ojalá que imperen el diálogo, la competencia y las propuestas de altura en un marco de paz y civilidad.
SOTTO VOCE
Buenas noticias deja la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. Por un lado, la brecha salarial entre los más ricos y los más pobres pasó de 21 a 15 por ciento entre 2016 y 2022 y el sueldo de los más pobres aumentó 20 por ciento. Nos dicen que ahora falta que esto se refleje en la realidad del ciudadano de a pie…
Quien le está imprimiendo un talante de colaboración y apertura al diálogo al INE es la nueva consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La funcionaria platicó en nuestro espacio de Radio Fórmula y nos comentó que el INE también ayudará en la identificación y localización de personas víctimas de desaparición forzada en México. Y es que el INE tiene la mayor base de datos del país, de documentos de identidad con 93 millones de registros. Se ve que Taddei se está arremangando la camisa para trabajar…
Ya son muchas las voces de alerta que se quejan de la soberbia y abusos de la secretaria del Bienestar de Guerrero, María del Carmen Cabrera Lagunas. Nos informan que la funcionaria utiliza su posición y su influencia para incidir en las resoluciones laborales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado. Cabrera Lagunes incluso presiona y amenaza con despedir a integrantes de la Junta si los laudos no se dictan en el sentido que ella los ordena. Es urgente que la gobernadora Evelyn Salgado frene los excesos de la funcionaria.