Jorge Molina Larrondo, consultor en Políticas Públicas y Comercio Exterior
Conforme al artículo 8 del capítulo ambiental (24) del T-MEC, las Partes se comprometieron a implementar las medidas necesarias para proteger a las especies amenazadas y en peligro de extinción amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), entre las que se encuentran la vaquita marina y la totoaba. Aunque esta obligación se originó en el TLCAN, México no parece haberle prestado atención, lo que tiene a la vaquita marina –de la que se estima quedan 10 ejemplares– a punto de extinguirse.
Desde hace una década, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD) –organismo no gubernamental (ONG) ubicado en Arizona– ha emprendido diversas acciones en el marco de varios acuerdos internacionales para que Estados Unidos presione a México y evite la extinción de ambas especies. La totoaba se sobreexplota por los poderes curativos que le atribuyen en Asia a su vejiga natatoria y la vaquita marina se atora en las redes usadas para la pesca de la totoaba.
Con el apoyo del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y del Instituto para el Bienestar de los Animales (AWI) –y ante la indiferencia del USTR– el CBD solicitó a un juez el 7 de abril que el Departamento del Interior (DOI) certificara si México estaba haciendo todo lo posible por proteger a ambas especies, según lo establece la Enmienda Pelly (1978), que busca que otros países cumplan con sus obligaciones adquiridas en acuerdos ambientales internacionales.
En caso de un resultado negativo, Estados Unidos puede aplicar un embargo a las importaciones de productos pesqueros mexicanos hasta que las autoridades estadounidenses queden satisfechas con las medidas que aplicase México para proteger a ambas especies. En 2022, México exportó 798 millones de dólares en productos del mar y el embargo se puede extender a otros productos animales, según la evaluación del DOI.
El juez accedió a la petición de las ONGs. La secretaria del Interior, Deb Haaland, notificó al presidente Biden el 18 de mayo que México no ha cumplido con sus obligaciones ante el CITES y el 26 de mayo informó al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. La notificación se publicará en el Federal Register el 3 de junio y Biden tendrá hasta el 2 de agosto para notificar al Congreso las represalias comerciales en contra de México. Resulta difícil que Biden no aplique este embargo, cuando los temas ambientales son un elemento central de su política y no hay precedentes que un presidente haya rechazado una certificación.
Las denuncias del CBD iniciaron en 2014, cuando solicitó por primera vez la certificación del DOI, sin éxito. Las tres ONGs demandaron al gobierno de Trump en junio del 2020 por la falta de atención al tema y en agosto del 2021 solicitaron al USTR iniciar consultas en el marco del T-MEC. Esta petición se atendió en febrero del 2022, cuando Katherine Tai solicitó a México iniciar consultas por varios temas ambientales, incluyendo la protección a la vaquita y a la totoaba.
En respuesta a las consultas y a la petición de las ONGs de agosto del 2021, la Comisión Ambiental del T-MEC propuso en abril del 2022 elaborar un reporte sobre las medidas implementadas para la protección de estas dos especies. Ese diciembre, las tres ONGs presentaron una queja ante el USTR pidiendo una explicación al “retraso irrazonable de la respuesta” a la solicitud presentada en agosto del 2021, después de que el CITES amenazó en noviembre con sancionar a México ante la falta de acciones concretas en este tema y pidió un plan de acción.
México no presentó a tiempo en febrero del 2023 el plan de acción y el organismo decretó en marzo suspender el comercio de todas las especies amparadas por el tratado con el país. La suspensión se levantó el 13 de abril luego de que fuera aprobado, con varios cambios, la segunda versión del plan solicitado desde noviembre del 2022. Esta medida no representó un daño comercial para México, pero puso en evidencia al gobierno, que es miembro de la Convención desde 1991.
La solicitud de las ONGs al juez el 7 de abril allanó la inacción del USTR. Desde su entrada en vigor, la Enmienda Pelly se ha aplicado en más de 50 casos, de los cuales en un 50 por ciento el país afectado ha implementado las medidas correctivas necesarias, en un 12 por ciento lo hizo parcialmente y en un 38 por ciento no hizo lo necesario. Al final del día, el sector privado es el afectado, y como lo vimos en el caso del atún, levantar un embargo puede llevar más de una década.