La Barra Internacional de Abogados (IBA-International Bar Association) es la principal organización internacional de profesionales del Derecho, colegios de abogados y asociaciones de abogados establecida en 1947.
Esta organización se suma a las voces que hemos venido condenando en forma consistente la interferencia constante del Poder Ejecutivo con la independencia Judicial, específicamente en relación con el actuar y la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Prácticamente todas las asociaciones y colegios de abogados del país y varias en el extranjero han venido señalando con preocupación las presiones de las que ha sido objeto el máximo tribunal de nuestro país.
En una carta reciente signada por la presidenta de la IBA, nuestra colega española Almudena Arpón de Mendívil Aldama, recuerda que los señalamientos y comentarios del Poder Ejecutivo en México “debilitan la confianza pública en el Poder Judicial, son un agravio al Estado de derecho, y afectan la democracia de México”, recordando además los distintos instrumentos, principios y normas del derecho internacional que se violentan cada vez que el presidente de la República agravia a nuestro máximo tribunal.
Cabe recordar que los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen claramente que “es el deber de todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetar y observar la independencia de la judicatura” a fin de “decidir los casos que se les presenten… de acuerdo con los hechos y conforme a la ley, sin ninguna restricción, influencia inapropiada, incentivos, presiones, amenazas ni interferencias, directas o indirectas, de ningún sector ni por ningún motivo”.
Por su parte, la Carta Democrática Interamericana establece que “los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen, entre otros, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho…, y la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno”, habiendo sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “uno de los objetivos principales de la separación de los poderes públicos es garantizar la independencia de los jueces”.
Resulta esencial señalar que denostar a uno de los poderes de la unión debilita a la República, pero más aún cuando los señalamientos provienen de otro de los poderes cuyos intereses no son favorecidos por resoluciones dictadas por el máximo tribunal en el cumplimiento de sus deberes, como bastión de la defensa y el control de nuestra vida constitucional.
El desarrollo de los países pasa necesariamente por el Estado de derecho, y este por una clara división de poderes e instituciones fuertes que se desempeñen con independencia, respeto y autonomía.
El debilitamiento de uno de los poderes incide necesariamente en los otros dos y en el de la República y sus instituciones, mientras el fortalecimiento y respeto irrestricto del principio de división de poderes fortalece y necesariamente al Estado mexicano y enaltece las funciones y el desempeño de los gobernantes, comenzando por el titular del Poder Ejecutivo.
Es necesario comprender y defender estos principios básicos de nuestro régimen republicano y nuestra democracia y exigir que el poder delegado en nuestros gobernantes sea ejercido con respeto absoluto e irrestricto a nuestras instituciones.
En el caso particular de los abogados, no hacerlo traicionaría los principios bajo los cuales nos asumimos como profesionales del Derecho.
El autor es abogado y líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.