A finales del mes de febrero el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios publicó el trabajo titulado “Radiografía del Plan B: La Reforma Electoral de 2023 a Examen”, coordinado por Javier Martín Reyes y María Marván Laborde, en el que, convocados por la línea de investigación Democracia, Actores de la Representación e Instituciones Políticas del propio Instituto, un grupo plural de investigadores y expertos en la materia electoral generaron una “radiografía expedita” de los cambios e implicaciones que tendrá la reforma legal conocida como plan B.
El trabajo que no tiene desperdicio alguno presenta a lo largo de ocho capítulos un análisis, si bien preliminar también coincidente y contundente, acerca de lo que en opinión de los especialistas participantes constituye la reforma electoral “más regresiva en la historia de la democracia mexicana”.
El análisis concluye que las modificaciones planteadas fueron aprobadas exclusivamente por el partido mayoritario y sus aliados transformando radicalmente estructuras institucionales consolidadas a lo largo del tiempo, poniendo en riesgo la democracia en el país.
Es esta la primera ocasión en la que una reforma electoral pretende realizarse en la antesala de elecciones presidenciales. Desde la reforma posterior a la elección del presidente López Portillo en el año de 1977 hasta 2014 inclusive, en todos los casos las reformas en la materia habían sido precedidas por procesos de discusión y participación de la oposición y la sociedad civil.
En este caso, estamos en presencia de una reforma diseñada desde el poder y sin participación alguna de minorías parlamentarias o de la sociedad civil, que han tenido que recurrir a las calles y al Poder Judicial en contra de lo que parece ser un golpe autoritario para mantener al partido gobernante en el poder.
Esta reforma arrancó con el pie izquierdo desde su concepción en la cámara de origen, al no permitirse análisis o debate alguno, ignorando en forma preocupantemente autoritaria la voz de las minorías y los derechos que constitucionalmente les asisten.
Otro tema preocupante que aborda en forma muy pulcra y contundente el trabajo es el relativo al desmantelamiento del Servicio Profesional Electoral y los vicios de inconstitucionalidad inmersos en la reforma, incluyendo la muy desaseada destitución del secretario ejecutivo, “una abierta inconstitucionalidad que transforma a la iniciativa de ley en un auténtico instrumento de agresión, que carece de legitimidad”.
El análisis incluye la preocupante disminución de los módulos de atención ciudadana; la ruptura con la institucionalización y el debilitamiento de la fiscalización del gasto de los partidos; los riesgos inherentes tratándose del partido en el poder y la inequidad en la contienda; el profundo debilitamiento del sistema de sanciones; la disminución del esquema de transparencia y rendición de cuentas de los partidos; la reducción de medidas para mejorar la inclusión; la intromisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los procesos electorales y el manejo del Ejecutivo del padrón de mexicanos en el extranjero a través del proceso de credencialización; la alteración de procedimientos de capacitación e integración de mesas directivas de casilla; la difusión de propaganda gubernamental prohibida, y la apuesta por un sistema electoral centralizado en detrimento de las entidades federativas, entre otros temas.
Los principios y preceptos constitucionales que se violentan incluyen la autonomía del Instituto, la prohibición de leyes privativas, vulneraciones competenciales, los principios de autonomía de autoridades electorales y aquellos rectores de la función electoral, principios rectores de certeza, independencia e imparcialidad, objetividad y no discriminación, el control difuso de constitucionalidad a cargo de órganos jurisdiccionales electorales de entidades federativas y el derecho de acceso a la justicia.
La puerta está abierta ya a las acciones de inconstitucionalidad a cargo de partidos políticos y minorías parlamentarias, controversias constitucionales a cargo del propio el INE y los institutos electorales locales (que aunque improcedentes en principio en materia electoral, existen precedentes en los que el INE ha sido parte actora o demandada), impugnaciones ante el TEPJF por parte de partidos políticos y cualquier persona que demuestre tener un interés jurídico o legítimo, los trabajadores afectados y autoridades electorales, y juicios de amparo a cargo de cualquier persona que demuestre un interés jurídico o legítimo (que muestre una afectación a derechos humanos distintos a los político-electorales).
En palabras de los especialistas participantes en el mencionado trabajo, estamos ya en la antesala del “litigio electoral más complejo de la historia constitucional de México”.
Juan Carlos Machorro es líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.