En estos días se dio a conocer la edición 2021-2022 de un estudio regional denominado Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, por parte del Vance Center for International Justice, una organización no gubernamental que promueve la justicia global al involucrar a abogados a través de las fronteras para apoyar a la sociedad civil y el desarrollo de una profesión legal éticamente activa.
El estudio tiene por objeto mapear los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción en diecisiete países, sin embargo, a diferencia de los esfuerzos que se dirigen en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para hacer un diagnóstico de la legislación, las autoridades y la implementación para prevenir, sancionar y combatir la corrupción, desde la perspectiva de la comunidad jurídica dedicada a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
Los resultados obtenidos son traducidos a una calificación en cada una de las categorías revisadas (legislación, autoridades e implementación), que puede ir de cero a diez, siendo esta última la nota más alta. En el caso de México podemos advertir que su calificación general es de 5.64, nota que lo sitúa a media tabla, en el noveno sitio, por debajo de países como Uruguay (8.36), Chile (7.96), Costa Rica (7.04), Brasil (6.70), Argentina (6.32), Colombia (6.20), Ecuador (6.19) y Perú (6.06) y por encima de Bolivia (5.50), República Dominicana (5.45), Panamá (4.61), Paraguay (4.53), El Salvador (4.20), Honduras (4.05), Guatemala (3.54) y Venezuela (2.87).
Sin embargo, lo que a juicio de un servidor resulta interesante de este estudio es la calificación individual que obtuvo nuestro país en cada uno de los rubros analizados, por ejemplo, en la categoría correspondiente a la legislación México obtuvo la nota más alta de entre todos los países analizados, situándose en el primer lugar con 9.30 de calificación, lo que implica, a decir del propio estudio en comento, que cuenta con un ordenamiento jurídico anticorrupción amplio y, en términos generales ese marco jurídico es suficiente, aunque podría mejorarse.
Por otro lado, en el rubro correspondiente a las autoridades nos encontramos que nuestro país desciende hasta la duodécima posición, con una calificación de 3.50, mientras que en la categoría de implementación llegamos a la décima posición, con una nota de 8.17.
Respecto de estos rubros el propio estudio ubica algunos desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico, entre los que destaca la insuficiente voluntad política para su ejecución -a pesar de ser una de las banderas del presidente actual-, recursos económicos y humanos inadecuados para las agencias anticorrupción, insuficiente independencia judicial y/o de los órganos de procuración de justicia y capacitación inadecuada de los servidores públicos, entre otros.
Me detengo en estos desafíos, que no son los únicos que destaca el estudio para México y es importante mencionar que tampoco son exclusivos de nuestro país, pero si dan cuenta de un fenómeno del que no hemos podido desmarcarnos, el debilitamiento constante de nuestras instituciones y la falta de constancia en nuestras políticas públicas.
Hace apenas unos días se difundió un proyecto de simplificación orgánica de la Administración Pública Federal, que pretende eliminar diversos órganos públicos, entre los que se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). Esta propuesta de reducción de estructura del Poder Ejecutivo con motivo de su programa de austeridad republicana propone reconfigurar y simplificar la conformación del propio Sistema, transfiriendo las funciones de apoyo técnico del SESNA a otras unidades administrativas que carecen de su estructura, autonomía técnica y de gestión, incluso hace unas semanas fue el propio presidente de la República quien se pronunció por la posibilidad de desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
Planteamientos como estos son los que acusa el estudio, pues al adelgazar la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, además de refrendar la poca voluntad política que se ha tenido durante esta administración para su adecuada integración y funcionamiento, se advierte una pérdida de recursos e infraestructura destinada a esta tarea, se avanza un paso más en la disminución de espacios autónomos, independientes y especializados, que puedan desarrollar labores de inteligencia y políticas adecuadas de combate a la corrupción.
Acusar al Sistema Nacional Anticorrupción como un proyecto fallido o discutible por su concreción en una administración hoy cuestionada, es borrar de golpe la cantidad de horas de discusión que se generaron entorno al mismo, el involucramiento de la sociedad civil como pocas veces, la participación de la academia y de los especialistas, dentro y fuera del sector público y las posteriores reformas constitucionales y legales, que dejan ver que su construcción fue parte de un proceso democrático amplio y plural. Fue el diseño de una política pública que bien o mal fu decidida y generada a partir de múltiples instancias, seguramente es perfectible, pero debe de mostrar sus bondades y se debe permitir y fomentar su desarrollo desde el poder político, que debe ejecutar y cumplir con ese esfuerzo democrático, de no ser así, aparecerá este vicio tan común de pensar que lo anterior no dejó nada bueno, tiraremos el esfuerzo de años de trabajos, análisis y estudios, para embarcarnos en la construcción de algo nuevo desde cero, sin continuidad alguna, como si no hubiese existido lo aprendido en ese período, en verdad espero que algún día aprendamos esa lección.
Finalmente, un dato curioso del estudio nos revela que la existencia de legislación no es suficiente si no hay autoridades independientes y capaces que puedan implementar esta legislación, sin embargo, si se puede dar el efecto contrario, por ejemplo, Uruguay y Chile, los dos países mejor calificados en autoridades e implementación, no son los países que cuentan con el marco jurídico más robusto para combatir la corrupción. Estos países califican a sus instituciones como independientes y capaces, por lo que, a pesar de no tener un marco jurídico tan solvente como el nuestro, sus autoridades cuentan con la competencia y la independencia necesaria para su implementación. Si tuviera que escoger, a usted que le gustaría.
