Vivimos en un mundo difícil de analizar, la pandemia ha cobrado más de 925 mil muertes a nivel mundial, a lo que se suman los desastres naturales destacando las imágenes de los incendios en California y Oregón que nos acercan a las escenas del infierno de Dante, o a las del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En este escenario tan singular se presentó hace una semana el proyecto de presupuesto y de la ley de ingresos 2021.
Para ubicar la discusión se presentaron los Criterios Generales de Política Económica, en donde se plasmaron las previsiones que tiene la Administración sobre el desarrollo de la economía nacional entre 2021 a 2026. En estos criterios prevén un decrecimiento de 8 por ciento para 2020, con una recuperación de 4.5 por ciento para 2021, seguidos posteriormente por tasas de crecimiento de 2.5 por ciento de 2022 a 2026. Tomando estas estimaciones y ajustándolas por el crecimiento estimado de la población de 1.1 por ciento anual, el crecimiento del PIB por habitante para el período 2019 a 2024 sería de 0.1 por ciento. Esto implicaría que seis años después estaríamos en el mismo lugar, es decir todo el esfuerzo para quedarnos con los mismos niveles de vida de 2018. Lo anterior puede explicarse de dos formas, o bien se presenta un crecimiento bajo para no crear expectativas falsas, o la otra opción sería que la política económica no tiene como meta el crecimiento, sino la redistribución. En caso de ser esta la opción, redistribuir sin crecimiento es un juego muy arriesgado, dado que puede profundizar la crisis social y política que vive la sociedad.
El argumento que puede estar detrás de esta propuesta es que los ingresos son limitados y que por lo mismo no se puede aumentar el presupuesto, sin embargo, el sector público siempre tiene la opción de ampliar el gasto con base a un aumento de la deuda pública, lo cual sería razonable en estos momentos de crisis. El problema es estructural, ya que a lo largo del tiempo la visión conservadora de la Administración Pública fue cerrando los espacios para que el sector público elaborara proyectos estratégicos de largo plazo. Haciendo un recorrido a través del tiempo encontramos que, a mediados del siglo pasado el país desarrolló una instancia encargada de planear y elaborar proyectos estratégicos para lo cual creo la Dirección General de Inversiones, que sirvió para estructurar los proyectos de largo alcance de mediados del siglo pasado, los cuales dieron capacidad de crecimiento al país. México iba encaminado a recrear el papel del Estado en una visión programática, el esfuerzo culminó con la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Sin embargo, el embate neoliberal de los años noventa llevo a desaparecer estas instancias de planeación, convirtiendo al sector público en una caja registradora con una visión de corto plazo, acabando con la visión de planeación que se requiere para garantizar mínimos de bienestar y una estructura de crecimiento coherente con los retos que se plantean para un país de 127 millones de habitantes. Alguien podría sugerir que para eso están los Planes Nacionales de Desarrollo que se dan a conocer cada seis años, sin embargo, no están vinculados a una estructura programática que les de coherencia de mediano plazo, se requiere rediseñar las estructuras de gobierno, para hacer efectivos los niveles de bienestar que aspiramos que tenga la población de México en el siglo XXI.
El presupuesto propuesto para 2021 es insuficiente para garantizar los niveles de vida de la población, así como para sentar las bases para un crecimiento dinámico en los próximos años. Es necesario que el poder legislativo analice el presupuesto no por los grandes números, sino tomando en consideración las necesidades de grandes grupos de población, para lo cual pareciera pertinente recuperar la propuesta de ingreso básico ciudadano presentado por CEPAL. Esta propuesta abre una perspectiva diferente para la política pública, dijéramos que es humanizar los grandes números y garantizar que cada uno tenga un lugar en el presupuesto. Esto llevaría a rediseñar la estrategia y daría la pauta para establecer un nuevo enfoque presupuestal.
A lo anterior se suma la necesidad de invertir más en la economía para evitar que el país retroceda en el tiempo, ya que si no recuperamos los motores del crecimiento quedaremos rezagados en el mundo. Somos siempre el país del mañana, pero las generaciones de jóvenes lo que demandan es que hoy rediseñemos la economía para dar cabida a la movilidad social. En una perspectiva de planeación debemos seleccionar los sectores estratégicos que garantizarían el bienestar y la capacidad de crecimiento. Los proyectos prioritarios de la Administración son insuficientes para garantizar este escenario de bienestar y prosperidad, requerimos realizar un esfuerzo programático desde el sector público que garantice que el país no se quede sumido en la trampa de ingreso medio en el contexto de la economía mundial. El próximo año es de elecciones en todos los niveles es tal vez el momento más oportuno para que en el debate político se recreen las necesidades que tiene el país, y es la oportunidad para que el legislativo, en este otoño que se inicia, abra un debate ordenado de las propuestas de rediseño de las instituciones y de las metas de crecimiento. Recuperemos las ideas básicas de lo que celebramos estos días, que fue la construcción de la gran nación mexicana.