En la administración anterior hubo una importante reducción en la pobreza, como lo demuestra el que la población que vive en dicha situación haya pasado de 41.9% a 29.6%, una disminución de algo más de 12 puntos porcentuales entre 2018 y 2024. Esto implicó que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza en solamente seis años. Se trata, sin duda, de un logro muy relevante que debe reconocerse plenamente.
El principal factor detrás de este avance fueron las mejoras en el mercado laboral. Los aumentos al salario mínimo, la reforma al outsourcing y un ritmo elevado de creación de empleo resultaron en un incremento sustancial de los ingresos reales de los trabajadores. Contrario a lo que podría pensarse, las transferencias sociales explican únicamente el 14% de la disminución observada en la pobreza. Es decir: la mayor parte del avance provino del dinamismo laboral y del crecimiento económico.
Como lo he mencionado en estas páginas en varias ocasiones, considero que los aumentos al salario mínimo fueron un acierto. Había espacio para elevarlo sin generar presiones inflacionarias ni afectar el empleo formal, y así ocurrió. Hoy, el salario mínimo equivale ya a poco más del 70% del salario mediano. Esto implica que su capacidad para seguir reduciendo la pobreza por sí mismo es limitada: no se puede repetir indefinidamente la estrategia de incrementos acelerados sin generar distorsiones significativas.
Por otra parte, el espacio fiscal en México es muy reducido. Dados los crecientes compromisos fiscales y los muy bajos niveles de recaudación, el país enfrenta límites severos para expandir el gasto social y la inversión pública sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Esto restringe la posibilidad de combatir la pobreza mediante mayores transferencias o ampliación de programas sociales, ante los límites alcanzados en la política salarial.
Todo lo anterior implica que, para seguir reduciendo la pobreza, es indispensable lograr tasas de crecimiento económico más elevadas y sostenidas. Sin crecimiento no es posible generar más y mejores empleos, aumentar el salario real ni sostener una expansión significativa del gasto público productivo.
La clave para crecer más es revertir la caída en la inversión, y para ello es indispensable corregir el deterioro en el Estado de derecho. La reforma al sistema judicial, los cambios a la Ley de Amparo y la sugerencia de que podría revisarse el principio de cosa juzgada han generado una enorme incertidumbre entre los inversionistas. Este año, la inversión cayó 7.2% en el periodo enero-septiembre. Si el país se queda atrapado en un equilibrio de bajo crecimiento, los avances logrados en la reducción de la pobreza inevitablemente se estancarán y, eventualmente, podrían incluso revertirse.
Por otra parte, la pobreza de largo plazo se combate con inversión sostenida en salud y educación. Para mejorar estos sectores se requiere mayor inversión pública, pero para invertir más es necesario recaudar más. Y para ello, nuevamente, se necesita crecer más. El país no puede aspirar a un Estado eficaz y socialmente incluyente sin una base productiva más amplia.
Es importante subrayarlo: el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad no están peleados. Por el contrario, la forma más efectiva y sostenible de reducir la pobreza es con mayor crecimiento económico y eso sólo se logra con mayor inversión pública y privada. Ningún país ha logrado avances duraderos y sostenibles en bienestar sin experimentar periodos prolongados de expansión productiva. Desde luego, es posible —y necesario— diseñar políticas para mejorar la distribución del ingreso, igualar oportunidades y dar protección a los más vulnerables. Pero para ello se requiere un Estado con una recaudación suficiente, y esa recaudación sólo puede provenir de una economía que crece de manera sólida y estable.
Si el gobierno quiere consolidar y profundizar los avances en materia de reducción de la pobreza, debe emprender cambios importantes para mejorar la percepción sobre el Estado de derecho, atraer más inversión privada en infraestructura —pues el espacio fiscal es prácticamente nulo— y reducir de manera efectiva los niveles de inseguridad.
El expresidente López Obrador solía decir que lo importante era el desarrollo y no el crecimiento. Tiene razón, pero hay que decirlo con claridad: no existe desarrollo sin crecimiento económico sostenido. Ningún país del mundo lo ha logrado, y México tampoco será la excepción. Si queremos que la reducción de la pobreza sea duradera, necesitamos un país que vuelva a crecer en serio.