En los últimos años, el gobierno federal ha impulsado la creación de diversas empresas estatales: una aerolínea, una distribuidora de gas LP, una empresa de fertilizantes e, incluso, una dedicada a la producción de chocolates. La pregunta es si resulta adecuado destinar recursos públicos a estas actividades. Creo que no.
El primer argumento es que en todas estas áreas ya existen empresas privadas que satisfacen la demanda del público. Quienes defienden la intervención estatal suelen afirmar que el nivel de competencia en algunos sectores no es el óptimo y que, por ello, se justificaría la creación de empresas públicas. Sin embargo, esto es una mala solución. Si realmente se piensa que los niveles de competencia son bajos, lo que debe hacerse es aplicar políticas de competencia efectivas: reducir barreras de entrada a nuevos competidores y fortalecer la regulación. En este contexto, la transformación de la Comisión Federal de Competencia Económica, de un organismo autónomo a unodependiente del gobierno federal y con menor presupuesto, es un paso en la dirección equivocada.
Además, resulta difícil argumentar que estos sectores en particular carecen de competencia. En el caso de los chocolates, por ejemplo, existe una amplia variedad de marcas y los precios son comparables con los de países avanzados. En aviación, la mayoría de las rutas son disputadas por varias aerolíneas y los precios, lejos de subir, han tendido a bajar en las últimas décadas aumentando dramáticamente el número de pasajeros. Si lo que se busca es mayor competencia en más rutas, lo adecuado sería abrir más espacios para la asignación de slots en aeropuertos, no lanzar una aerolínea estatal.
El segundo argumento en contra es que estas empresas distraen al gobierno de sus funciones prioritarias y exclusivas. El Estado mexicano tiene tareas enormes y urgentes: regular adecuadamente, combatir la pobreza,mejorar la salud pública y, sobre todo, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estas tareas, a diferencia de las comentadas, no las puede realizar el sector privado.
Un tercer argumento es que las empresas públicas crean oportunidades de corrupción. La historia mexicana muestra que cuando el gobierno opera empresas, proliferan los espacios para malos manejos. Esto en un contexto en que la corrupción no es un problema menor en nuestro país.
En cuarto lugar, las empresas estatales representan un riesgo fiscal. Si tienen pérdidas, serán los contribuyentes quienes absorban el costo. En contraste, cuando una empresa privada pierde dinero, los que pagan las consecuencias son los accionistas, no los ciudadanos.
Quinto: la existencia de empresas estatales puede desincentivar la inversión privada. Muchas compañías podrían considerar injusto competir contra una empresa gubernamental que puede operar con pérdidas durante años, respaldada por el presupuesto público. Ante ese escenario, algunos actores preferirán no invertir, reduciendo así la innovación, la competencia y el empleo formal.
Un sexto punto es que estas prácticas pueden violar compromisos internacionales. Los tratados de libre comercio, incluido el T-MEC, establecen que las empresas públicas deben competir en igualdad de condiciones con las privadas. Si se percibe que no lo hacen, México podría enfrentar litigios o sanciones.
Es cierto que hay un debate legítimo sobre la existencia de empresas públicas en sectores que constituyen monopolios naturales, como la operación de vías férreas o la provisión de ciertos energéticos. Incluso en esos casos, personalmente considero preferible contar con empresas privadas sujetas a una regulación estricta. Pero, sea cual sea la posición en esa discusión, lo que parece claro es que no aplica para los sectores aquí comentados.
Algunos defensores de la intervención estatal señalan que, en ocasiones, las empresas gubernamentales han sido fuente de innovaciones con grandes beneficios sociales. Recuerdan, por ejemplo, que el internet surgió de investigaciones financiadas con fondos públicos en Estados Unidos. Es un buen punto, pero difícil de sostener en el caso mexicano y en los sectores en cuestión. Las capacidades operativas de nuestro gobierno no son comparables a las de países avanzados, por lo que es poco realista esperar que surjan innovaciones transformadoras de estas empresas.
México ya experimentó en el pasado con una fuerte participación de empresas públicas en diversos sectores: hoteles, telefonía, bancos, siderurgia, fertilizantes, aerolíneas y más. El resultado fue un rotundo fracaso: empresas ineficientes, con pérdidas constantes, que se convirtieron en enormes cargas fiscales.
El sector público mexicano tiene tareas fundamentales y urgentes: regular los mercados, corregir fallas de competencia, combatir la pobreza y la desigualdad, garantizar seguridad y fortalecer los servicios públicos. Operar aerolíneas, vender gas LP o fabricar chocolates no debería estar entre esas responsabilidades.