La Secretaría de Hacienda reportó que la recaudación tributaria creció 8.9 por ciento entre enero y mayo, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por otra parte, el gasto público cayó 5.3 por ciento en el mismo lapso. La evolución de estas variables forma parte del esfuerzo de consolidación fiscal que lleva a cabo el gobierno. El año pasado, el déficit público fue de 5.7 por ciento del PIB, el más alto desde finales de los años ochenta. Para este año, Hacienda tiene como objetivo reducirlo a 4 por ciento del PIB.
Es de notar que este aumento en la recaudación se está dando en un contexto de desaceleración económica, lo que sugiere una mejora en la eficiencia recaudatoria, lo cual es positivo.
El proceso de consolidación fiscal es necesario para disminuir el déficit. De no hacerlo, existe el riesgo de que las agencias calificadoras retiren el grado de inversión o que aumente la percepción de riesgo país en los mercados. Ambos factores podrían traducirse en un alza sustancial en las tasas de interés que paga el Gobierno federal, lo cual, a su vez, elevaría las tasas para empresas y familias.
Es lamentable que se haya incurrido en un déficit tan elevado en 2024. En primer lugar, porque no se cumplió con el precepto legal de destinarlo a inversión pública, sino que se destinó a gasto corriente. En segundo lugar, porque si bien la economía mostraba signos de desaceleración, no se encontraba en una situación particularmente crítica. En su lugar, hubiese sido preferible incurrir en un déficit más alto este año como parte de una política contracíclica, en un contexto –ahora sí– de fuerte desaceleración, originada en parte por la caída de la inversión privada, afectada por la incertidumbre de la reforma judicial y la política comercial de Estados Unidos.
Si bien me parece adecuado que se realicen esfuerzos de consolidación fiscal y se avance en la eficiencia recaudatoria, lo más importante es atender los retos fiscales estructurales. México es el país que menos recauda dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: la recaudación tributaria es apenas la mitad del promedio de los países que integran dicha organización. Incluso dentro de América Latina, México se encuentra en la parte baja de la tabla.
Por el lado del gasto, las presiones son cada vez mayores. Hace una década, el país destinaba el 13 por ciento de sus ingresos fiscales al pago de pensiones. Al cierre de 2024, ese porcentaje subió a 20 por ciento y seguirá aumentando debido a las condiciones demográficas. En 2014, el servicio de la deuda representaba el 9 por ciento de los ingresos fiscales; para 2024, esta cifra ya es del 14 por ciento.
En 2014, el espacio fiscal, definido como los recursos disponibles para componentes discrecionales, una vez descontado el gasto en pensiones, servicio de la deuda y transferencias a estados y municipios, equivalía al 47 por ciento de los ingresos fiscales. Al cierre de 2024, es de solo 32 por ciento, lo cual equivale a apenas 7 por ciento del PIB.
A este ritmo, y con el crecimiento esperado de las obligaciones pensionarias y del servicio de la deuda, en BBVA Research estimamos que la deuda pública como porcentaje del PIB podría acercarse al 60 por ciento hacia finales del sexenio. El entorno fiscal se complica por el bajo crecimiento económico. Niveles de deuda como los de México no deberían ser preocupantes en contextos de alto crecimiento, ya que sería posible estabilizar e incluso reducir la relación deuda/PIB con déficits similares a los observados en años recientes. Esto permitiría conservar el grado de inversión. Pero con un crecimiento bajo como el que ha tenido el país en los últimos 40 años, es difícil que la deuda se vaya diluyendo.
Sin embargo, más grave que la eventual pérdida del grado de inversión es que el país no tendrá los recursos fiscales necesarios para invertir en salud, educación o infraestructura. Sin inversión pública en estos sectores, será imposible reducir la pobreza y la desigualdad.
Es fundamental llevar a cabo reformas estructurales del lado de la oferta que eleven la tasa de crecimiento y, al mismo tiempo, atender los problemas fiscales estructurales para ampliar el espacio fiscal. Esto implica no sólo recaudar más, sino también gastar mejor y reducir la corrupción. Solo así se evitaría la pérdida del grado de inversión y, más importante aún, se garantizaría que el Estado cuente con los recursos necesarios para invertir en el bienestar de los mexicanos.