En una encuesta recién publicada del Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile, los abogados más connotados de diversos países tuvieron oportunidad de evaluar a las autoridades de competencia de sus respectivas jurisdicciones. Los resultados son muy interesantes y permiten valorar el sistema en México.
Por lo que respecta a las autoridades mexicanas, los resultados de la encuesta muestran un sistema de competencia muy robusto en el país, pero no libre de algunos retos relevantes. La fortaleza del diseño institucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, han fortalecido la calidad de su actuar institucional con el paso de los años y los encuestados así lo reconocen.
La encuesta indica claramente que la independencia y la predictibilidad son dos de las mayores fortalezas que distinguen a las autoridades de competencia en México. Asimismo, los encuestados destacaron favorablemente la profundidad de análisis y coherencia en las decisiones de esta autoridad. Cofece fue la autoridad más destacada de entre las que cubrió el estudio, por lo que hace al resguardo del debido proceso y a la protección de la confidencialidad de los agentes económicos, lo cual también es un factor relevante que contribuye a la generación de una percepción positiva de solidez institucional y credibilidad de dicha autoridad. Cofece también fue una de las autoridades más destacadas en cuanto a su labor de promoción a la competencia, la producción de estudios de mercado, y la solidez de las investigaciones.
Pese a estas fortalezas, la encuesta detecta áreas en las cuales el sistema de competencia económica mexicano podría mejorar significativamente. Las opiniones con respecto a los órganos judiciales en general y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular adoptaron un tono más crítico, señalando por ejemplo una menor transparencia en la forma en la que toman las decisiones y la coherencia entre los criterios aplicados en materia de competencia. Probablemente los continuos cambios en los tribunales y juzgados especializados han tenido un impacto relevante.
Por otra parte, en lo relativo al control de concentraciones (fusiones y adquisiciones), la encuesta señaló algunas áreas de oportunidad tales como una baja influencia de criterios de otros órganos homólogos en otras jurisdicciones, baja transparencia en los criterios aplicados, y un bajo profesionalismo para el diseño y negociación de condiciones o ‘remedios’ en los casos. Parecería que el gran tema es el tiempo que toma autorizar las concentraciones en México que es mucho mayor que en otros países.
Asimismo, el consenso de la encuesta indicó una falta de eficacia en la detección de prácticas anticompetitivas en México, particularmente en lo que respecta a carteles o acuerdos entre competidores, mismos que cerca del 77 por ciento de los encuestados consideran una práctica frecuente o muy frecuente en México y que no se detecta. En ese sentido, aún existe un amplio margen de mejora en detección, y merece una revisión profunda y considerada para promover el diseño de estrategias y herramientas que favorezcan dicha detección. Parece que el número de investigaciones deja mucho que desear cuando se compara con el número de otras autoridades, incluso de economías de mucho menor tamaño que la mexicana.
Estos desafíos, lejos de minar la confianza en el sistema, deben verse como oportunidades para reforzar nuestra estructura regulatoria y judicial, asegurando así un marco aún más robusto y eficiente. Ejercicios como los del CeCo ayudan enormemente a hacer revisiones periódicas que nos permitan un alto en el camino, en especial en un momento tan importante en México para el sistema de competencia. Este estudio debería sugerir acciones a los reguladores y juzgadores para la mejora continua que estos sistemas regulatorios complejos requieren.