Dentro de todo el ambiente de incertidumbre que han generado las decisiones del presidente Donald Trump hay una que, si bien es brutal per se, no produciría mayor daño a nivel económico: las deportaciones que promete apenas si afectarían a las remesas que se reciben desde Estados Unidos.
De hecho, han demostrado ser contracíclicas, un recurso que se dispara en situaciones negativas, como fue durante la pandemia y el confinamiento, donde contra todo pronóstico crecieron 12 por ciento.
Creo que uno de los principales análisis a tener en cuenta para entender el impacto de las deportaciones en las remesas, es qué porcentaje de los paisanos que mandan dinero ya tienen estatus legal, qué porcentaje es indocumentado y cuánto dinero envían cada uno de estos dos grupos para si se prenden o no las alertas en el Banco de México para este año.
Según el último reporte del Foro de Remesas América Latina y El Caribe (CEMLA), viven del otro lado de la frontera 7.4 millones de mexicanos. De ellos, más de 2.5 millones ya cuentan con estatus legal en Estados Unidos y 4.9 son no ciudadanos e indocumentados. Estos últimos tienen ingresos anuales 31.5 por ciento menores a los de los mexicanos con ciudadanía.
En total, en 2024 recibimos solamente de ese país 62 mil 529 millones de dólares (mdd). En un cruce de datos entre la Oficina de Censos de EU y Banco de México, CEMLA logró medir que cada mexicano (legal o no) envió remesas a nuestro país que promediaron el 16.7 por ciento de sus ingresos laborales (que en total suman una masa salarial de 373 mil 726 mdd).
Si hubiera una deportación de 200 mil migrantes este año (lo que implicaría un retorno de cerca de 17 mil personas al mes, una cifra que aún no se ha alcanzado en dos meses), la pérdida de ingresos sería de 752 mdd en el año. ¿Mucho o poco? Apenas 1.2 por ciento menos que en 2024.
Pero, siempre los contextos cambian según quien cuente (o en este caso) quien reciba las remesas. Porque los envíos de dinero a nivel nacional equivalen a 3.38 por ciento del PIB, pero para ciertos estados es mucho más poderoso este recurso: representa más de 15 por ciento del PIB de Chiapas, 14 por ciento de Guerrero y casi 10 por ciento de Michoacán, Zacatecas y Oaxaca.
Y hay un análisis extra que suma CEMLA en su reporte que me parece por demás interesante y que jugaría nuevamente a favor de mantener el volumen de dinero que recibe México: al eliminarse un alto porcentaje de trabajadores mexicanos -que en ciertos estados del país vecino son la mayor fuerza laboral- encarecería la mano de obra (ante la falta de empleados) y eso permitiría compensar la caída de los envíos individuales de los deportados por el aumento de los envíos de los paisanos que siguen en territorio nacional.
Los héroes y las heroínas vivientes, como les decía AMLO, han resultado ser otra de las ‘cadenas productivas’ profundas y resistentes de la relación México-Estados Unidos, siempre compleja y ahora más volátil que nunca.