Si en México hay algo más crónico que muchas enfermedades es la improvisación en la política pública. La reciente cancelación de la licitación consolidada de medicamentos para 2025, que es el séptimo intento en lo que va de gobierno de la llamada 4T (gobierno de López Obrador + seis meses de Sheinbaum), no solo confirma esta tendencia: la agrava. No se trata de insumos de oficina, sino de medicamentos que miles de pacientes esperan. Muchos de esos tratamientos están en cajas, en tránsito… pero no en manos de quienes los necesitan.
Rafael Gual Cosío, director general de Canifarma, lo resume así: no hubo dolo de la industria, sino errores técnicos, logísticos y administrativos por parte del Gobierno. Se concursó con reglas poco claras y tiempos insuficientes. Varias empresas, ante la expectativa de entregar, importaron materias primas o fabricaron productos que nunca fueron distribuidos. Cuando se desmantela un sistema funcional (como lo advertimos varias veces en este espacio), sin tener listo el reemplazo, el caos es consecuencia.
Una licitación de este tamaño no se organiza en tres meses. Antes, se tomaban al menos nueve. La urgencia e inexperiencia derivaron en descalificaciones técnicas injustificadas y procesos mal planeados. Lo más grave: aun reconociendo los errores, las autoridades cancelaron todo el proceso, afectando a quienes sí cumplieron. “No es corrupción. Es falta de pericia. Y el costo lo paga la industria… y el paciente”, advirtió Gual.
Como si eso no bastara, el sistema de distribución volvió a fallar. A muchos centros de salud llegaron productos que no podían recibir o almacenar. La Megafarmacia, como sabemos, no resolvió nada. Los plazos se incumplieron. Y sigue pendiente el pago de más de 8 mil millones de pesos a proveedores.
Se exige que las empresas entreguen, pero no se les paga. Se culpa a la industria de incumplir, pero no se reconoce la incapacidad operativa del sistema. Incluso se ha planteado montar una farmacéutica estatal, ignorando que ninguna empresa en el mundo fabrica más de 50 productos, mucho menos más de mil, como es el caso.
Hay avances. Cofepris muestra voluntad y el nuevo equipo regulador tiene conocimiento técnico. Pero no basta con dialogar. México necesita certidumbre jurídica, reglas claras, pagos puntuales y logística realista. Sin eso, atraer inversiones es una ilusión.
Recordemos que nadie invierte donde se cancelan contratos tras comprometer insumos. Nadie invierte donde se culpa a la industria sin pruebas. Nadie invierte donde la política sanitaria se basa en gestos. “La industria está lista para ayudar. Pero necesita que la escuchen”, concluyó Gual.
Al final, el gran ausente de esta discusión es quien más importa: el paciente. Ese niño con cáncer que no recibió su medicamento. Ese adulto mayor que tuvo que esperar otro mes. Mientras se decide si habrá adjudicación directa o farmacéutica estatal, los días siguen pasando. Y la salud, en muchos casos, no espera.
Enfermedades raras, políticas ausentes
Cada semana, familias enteras se levantan de madrugada en Guerrero para emprender un viaje de más de nueve horas hacia la Ciudad de México. No van de paseo ni por turismo médico. Van por necesidad, por sobrevivencia. Sus hijas e hijos viven con enfermedades raras, como la mucopolisacaridosis (MPS), y el único lugar donde pueden recibir tratamiento es el Instituto Nacional de Pediatría (INP), ubicado a más de 400 kilómetros de distancia.
Lo que debería ser un derecho garantizado —el acceso a la salud— se convierte así en una travesía injusta, extenuante y peligrosa. Las familias no solo enfrentan la carga física y emocional del traslado, sino también el deterioro económico, el riesgo en carretera y la incertidumbre de interrumpir un tratamiento que no puede esperar. Cada semana sin atención especializada es una semana que la enfermedad gana terreno.
Este drama no es nuevo, pero sí es silenciado. La falta de unidades médicas con capacidad para atender enfermedades lisosomales en estados como Guerrero revela un sistema de salud centralizado, que margina a quienes viven fuera de los grandes centros urbanos. Y lo hace de manera sistemática.
Lo peor es que hay infraestructura en el estado. El Hospital General de Chilpancingo “Dr. Raymundo Abarca Alarcón” o “El Quemado”, en Acapulco, podrían adaptarse para ofrecer atención básica a estos pacientes. No se necesita tecnología de punta, solo voluntad política, algo de presupuesto y criterio médico. Pero hasta ahora, nada de eso ha llegado.
Mientras tanto, las madres y padres de Guerrero seguirán subiendo a camionetas a las dos de la mañana para llegar a tiempo a su cita en el INP antes de las siete de la mañana. Lo hacen sin protestar, porque entienden que la vida de sus hijos depende de ese esfuerzo. Pero eso no significa que sea justo. Enfermarse de algo raro no debería equivaler a vivir excluido del sistema.
Sala de Urgencias
El Sangrado Menstrual Abundante (SMA) es una condición ginecológica que afecta a 53 de cada mil mujeres en México y representa un serio problema de salud pública por su impacto físico, emocional y social. A pesar de ser la tercera causa más frecuente de consulta ginecológica, suele normalizarse o minimizarse, lo que retrasa su diagnóstico y tratamiento. Según el Dr. Paulo Meade Treviño, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG), esta normalización cultural impide que muchas mujeres busquen ayuda médica, a pesar de los efectos que puede tener en su calidad de vida, incluyendo anemia, ausentismo laboral y deterioro emocional.