Pocas palabras calan más hondo en el sentimiento colectivo de los mexicanos que la de “impunidad”. Es quizá la palabra más recurrente en época de campañas, y no hay partido alguno de los que tenemos que escape al reproche popular de haber fomentado o tolerado la impunidad con la que todos atravesamos nuestra existencia: el dolor de saber que frente a cualquier delito, no habrá órgano alguno de poder que intervenga de manera eficiente para hacer cumplir la ley.
La semana pasada, nuestros representantes políticos tuvieron la oportunidad de reivindicar el reclamo y “hacer justicia”. Pero haberlo hecho habría significado, simultáneamente, socavar una institución de la que depende también la efectividad de nuestra democracia: el fuero que el artículo 111 constitucional preserva para nuestros más altos servidores públicos, entre ellos, diputados federales.
Se dice equivocadamente que los diputados que gozan de fuero no pueden ser juzgados. Y en esa equivocada percepción del fuero, se cree que una vez que cometen cualquier falta o delito saldrán “impunes”. No se les aplicará la ley como al resto de los mexicanos.
La conclusión es errónea y debe hacerse hincapié en ello. El fuero tiene como único propósito evitar que a un servidor público en quien recaiga nuestra representatividad constitucional, se le someta a un proceso fabricado y efímero como instrumento para evitar que ejerza su función política adversarial. El análisis de verosimilitud de la acusación que realizan sus pares, con la finalidad de proteger su labor política y extender su protección constitucional, o para desvestirlo de ella y sujetarlo a proceso sin miramiento, solamente suspende o adelanta el plazo para el inicio del juicio, respectivamente, pero no lo impide.
En un momento o en otro, cualquier servidor público con fuero llegará a ser juzgado, pues la postergación de su encargo no impide que, al finalizarlo, se sujete a los cauces legales necesarios para que se le apliquen aquellas penas correspondientes al ilícito que hubiera cometido.
No conozco las particularidades del caso Cuauhtémoc Blanco. No me atrevería a emitir una opinión sobre la legalidad de las acusaciones en su contra sin saber cuáles fueron los antecedentes y las pruebas ofrecidas ante el Ministerio Público para que formulara la imputación. En el suyo, como en cualquier otro caso, deseo sinceramente que se haga justicia, para quien sea de entre él y su pariente el que realmente la merezca.
Me pongo a pensar, sin embargo, en cuáles fueron las implicaciones de aquello que los diputados conocieron y votaron la semana pasada. ¿Qué parte del expediente y pruebas ofrecidas tuvieron a la vista, que pudiera haber supuesto un factor suficiente para desproveerlo del fuero constitucional que lo protege de procesos penales baladíes? ¿Qué precedente se pudo haber construido, a partir de un desafuero sobre bases insuficientes, por un delito de la naturaleza de aquel del que se le acusa?
Por esta acusación y muchas razones más, de orden político, la reputación del exfutbolista ha sufrido un descalabro irreparable. De juzgársele y resultar condenado, como tarde o temprano podría llegar a suceder, su vida sufrirá consecuencias personales incomparables. El único punto que a nosotros los mexicanos podría interesar con relación a su caso, es que esas consecuencias no le sean aplicables mientras sea diputado, si las bases para procesarlo no son fiables, o, de plano, no son ciertas. Nos interesa porque, hoy, el también exgobernador es un diputado electo. Hubo mexicanos que decidieron llevarlo a San Lázaro a discutir las leyes y él tiene que cumplir con ese deber, a través del cual da voz y cauce político a las ideas que pregona, que coinciden con el pensamiento de sus votantes.
De haber procedido su desafuero con el apoyo de lo dicho por la parte acusadora en su contra, sin elementos suficientes de prueba que justificaran su enjuiciamiento, se podría haber dado un paso a que cualquier diputado o senador de sexo masculino, como son la mitad de los que hoy conforman el Congreso, enfrentara procesos de desafuero por causas similares. ¿Cómo va a quedar nuestra democracia constitucional?
Hay muchos hombres y muchos servidores públicos varones que merecerían ser juzgados por ofensas probadas contra muchas mexicanas. Bajo ningún motivo abogo por que esos delitos queden impunes. En este caso, sólo digo que, si se va a someter a juicio a servidores públicos mexicanos de sexo masculino, que sea porque existen pruebas esenciales que demuestren su culpabilidad. El proceso de desafuero constitucional con que hoy se valora la sujeción a juicio penal de nuestros representantes políticos está infravalorado y desregulado.
Si se quiere evitar que nuestros servidores públicos de más alta jerarquía constitucional, en todos los órdenes, queden impunes ante faltas como aquella que pretendió valorarse la semana pasada, es preciso que se digan las cosas y que se regulen los procesos de desafuero para que, si alguno de ellos habrá de enfrentar a la justicia criminal, que lo sea por haberse presentado ante sus pares un cúmulo mínimo de pruebas objetivas que demuestren su posible participación en hechos que la ley cataloga como delitos, y su probable responsabilidad en su comisión.
Tan abominable sería tener en la tribuna del Congreso a delincuentes escondidos tras una institución jurídica de protección de su labor democrática, usando un micrófono que sólo correspondería usar a los mejores mexicanos, como abominable sería también desaforar a ilustres y atrevidos congresistas, diestros y asertivos en el señalamiento y denuncia de los errores y excesos de la administración, por acusaciones y faltas plantadas o inventadas en su contra, con el único objetivo de descarrilar la esencial función democrática que, por mandato constitucional, llevan a cabo.
En la época en la que vivimos, un piropo se ha convertido en un delito. Abrir una carpeta de investigación y judicializar un caso por ofensas contra el honor, y desaforar a cualquier representante de elección popular por esa misma causa, se convierte en una tentación muy grande para terminar con la reputación y la carrera política de cualquier adversario.
El capítulo vivido en el Congreso la semana pasada, más que un caso de impunidad, fue una discusión que dejó a la vista las graves carencias de las que ha sufrido y sigue sufriendo el proceso constitucional de desafuero, una falla constitucional que nuestros representantes tienen que solucionar.