En 2024, en México se publicó el decreto por el que se reformaban, adicionaban y derogaban diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación. De las modificaciones más relevantes destacan la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una disminución en el número de ministros; la creación de nuevos órganos de administración y disciplina judicial; la incorporación de los “jueces sin rostro”, que permite resguardar la identidad de los jueces por seguridad cuando se trate de juicios de delincuencia organizada; y la elección de jueces y magistrados de los poderes judiciales locales, para lo cual deberían modificarse las Constituciones de los estados.
De lo más significativo fue la designación de los jueces, magistrados y ministros, mediante una jornada electoral, que se llevó a cabo el pasado 1 de junio. Las personas que resultaron electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025. Dado el alto número de aspirantes (881 cargos), cada boleta fue llenada manualmente con números identificadores de los candidatos de preferencia, en lugar de marcar un recuadro como en las elecciones tradicionales y, según datos del Instituto Nacional Electoral, la participación en los comicios fue de casi 13% del padrón.
Por ser la primera vez en la historia del país que se eligen de este modo a los representantes de la justicia, la situación ha sido criticada y calificada de confusa, dando pauta a poner atención en distintos focos. Por ejemplo, habría que cuidar que las nuevas personas juzgadoras electas no promuevan la resolución favorable de asuntos para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, ya que su papel es el de garantizar la protección de la Constitución y los contrapesos son importantes. También es fundamental establecer mecanismos para fortalecer la carrera judicial de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal electos, a efecto de garantizar una impartición de justicia de calidad. Finalmente, debe darse prioridad a que los poderes judiciales de los estados establezcan regulaciones complementarias que garanticen una justicia pronta, completa y de calidad.
De hecho, una de las preocupaciones más grandes fue saber que muchos de los candidatos tienen hoy procesos judiciales, aumentando la desconfianza de que se traten de los perfiles más aptos para la labor.
Sin duda, el escenario es complejo y marca un rumbo diferente en el país, de ahí la relevancia por seguir de cerca a los nuevos impartidores de justicia e identificar las áreas de oportunidad en el tratamiento de los temas prioritarios como la infancia.
Desde Early Institute denunciamos que, actualmente, las posturas de la SCJN, en particular las de la Primera Sala, han establecido criterios poco favorables en materia de defensa del derecho a la vida desde la concepción. Es por ello que debemos considerar que, con la nueva conformación del aparato judicial, se abrirá una nueva etapa para posicionar posturas de protección integral y prevalencia del interés superior de niñas, niños y adolescentes. La nueva composición representa también la oportunidad de promover la especialización de juzgadores, principalmente de aquellos que resuelven asuntos que afectan de manera directa los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, confirmamos nuestro compromiso por vigilar que las personas juzgadoras que resuelvan los asuntos de su competencia y que involucren a niñas, niños y adolescentes emitan sus resolutivos con total apego a Derecho, al corpus juris de niñez, y tomando en consideración los más altos estándares internacionales para la protección de este grupo etario.
Por supuesto, eso implica que existan mecanismos para evaluar que los nuevos juzgadores tomen las decisiones con perspectiva de infancia, escenario que aún no queda claro cómo se efectuaría en el juzgado de disciplina.
Los retos son muchos, ya que es evidente que la impartición de justicia va más allá de los modos de elección ahora empleados, y confiamos en que las decisiones que están por tomarse en materia de infancia en México —en los distintos espacios judiciales— privilegien cabalmente el respeto a sus derechos y bienestar integral.