El día en que los asesores de la Jefa de Gobierno, Ximena Guzmán y José Muñoz fueron enterrados, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, hacía una declaración que resonó como un grito desesperado: autorizaba el uso de la fuerza letal contra las organizaciones criminales. Ante el asesinato de una funcionaria del municipio enfrente de una escuela, él hizo un llamado: “A los delincuentes armados hay que abatirlos sin consideración alguna”, afirmó en una entrevista radiofónica. El mensaje era claro: la violencia ya no podía ser contenida con llamados a la paz. Sin embargo, ¿es esto suficiente? ¿O, más bien, demasiado tarde?
Mientras en Ciudad de México el asesinato de los asesores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, generaba un profundo impacto y acaparaba titulares, en Uruapan los crímenes siguen compitiendo por espacio mediático con las masacres que, semana tras semana, se registran en distintas partes del país. La muerte esta semana, de un maestro de educación física en Chilapa, es solo un ejemplo de la brutalidad cotidiana que, en muchos casos, y con suerte, apenas merece un párrafo en los diarios nacionales.
La diferencia radica en la reacción de los gobiernos. En la capital, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada pidieron cautela ante las especulaciones sobre las razones del crimen. En contraste, Manzo Rodríguez optó por un llamado en su entrevista radiofónica, a la acción inmediata, casi desesperada, contra el crimen organizado que tiene a su municipio en jaque.
Pero la sensación de inseguridad en Ciudad de México no ha hecho más que crecer. Los robos en el Metro con “pinchazos” de sustancias que provocan somnolencia, los asaltos en transporte público y el asesinato de pasajeros en pleno día han fracturado la sensación de relativa estabilidad. Y la ejecución de los asesores de la Jefa de Gobierno no solo conmovió a la ciudadanía, sino que sacudió a la clase política, esa que hasta hace poco se creía intocable.
La violencia en CDMX no solo se ha convertido en un problema de seguridad nacional, sino también en un tema internacional. En una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Marco Rubio citó el asesinato de los funcionarios capitalinos como prueba de que “hay partes de México gobernadas por los cárteles”. También aseguró que las intenciones de Donald Trump son de “colaborar “con Sheinbaum para enfrentar a estos grupos criminales, una cooperación que, lejos de ser una mera declaración, podría transformar la dinámica del combate al crimen en el país y la relación bilateral.
Lo que no dijo Rubio en la audiencia es que las presiones de Estados Unidos podrían incrementar la violencia en México.
Con el aumento de la violencia y las presiones de Washington, será difícil para la presidenta rechazar la ayuda estadounidense. No enfrentarlos sería una rendición y posponer lo inevitable; hacerlo, una declaración de guerra con consecuencias impredecibles para ella, su partido y la gobernabilidad en el país.
Por si fuera poco, el nuevo embajador de Estados Unidos en México ha reforzado el mensaje de endurecimiento migratorio y persecución de indocumentados en un mensaje publicado por X @USEmbassyMEX: “ADVERTENCIA. Se ha designado ciertas áreas de la frontera sur de Estados Unidos como áreas de defensa nacional. Estas se consideran extensiones de bases militares de Estados Unidos y cualquier persona no autorizada que ingrese en estas zonas será objeto de multa, arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento”. El mensaje por X concluye con esta amenaza: “NO ENTRES. Arriesgas tu libertad en un viaje destinado al fracaso”.
Se cierra la “válvula de escape” que fue una de las razones que no hubo más ingobernabilidad en el país en las últimas décadas. Futuras generaciones de mexicanos yo no tendrán la oportunidad de buscar trabajo mejor remunerado en el norte, escapando de la pobreza y la inseguridad. Está por verse cuál será el impacto que tendrá si se aprueba un impuesto de 3.5 por ciento a las remesas que envían los indocumentados a México. Pero seguramente esta propuesta se traducirá en una reducción importante de ingresos para las comunidades más pobres en el país. Y si no fuera poco, está la preocupación adicional de una desaceleración económica en Estados Unidos, con un impacto catastrófico para la economía nacional.
En resumen, los mismos factores que llevaron que millones de mexicanos migraran, siguen vigentes: Un país que sigue sin ofrecer suficientes oportunidades, en medio de una crisis económica y de inseguridad.
México enfrenta una encrucijada. No hay muchas opciones. No declararle la guerra al crimen ya no es viable. Pero cuando finalmente se decide hacerlo, será demasiado tarde.