La crisis de los desaparecidos en México no se puede tapar un dedo. Y sorprende la falta de sensibilidad y de tacto político del gobierno de México ante las acusaciones del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de que las desapariciones forzadas son “sistemáticas y generalizas”.
Y es entendible que la misma presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete reaccionaran con indignación ante la acusación de la Organización de las Naciones Unidas. “No es desaparición forzada perpetrada desde el Estado, entonces se mandó una nota diplomática para expresar nuestra inconformidad y, en todo caso, se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo”, aseguró la presidenta en su conferencia mañanera.
Desde hace una década, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas ha documentado cómo incrementaban en una forma catastrófica los números de desaparecidos, convirtiendo a México como país líder en este terrible fenómeno, sobrepasando, inclusive, países que enfrentan una guerra civil.
Y los números son contundentes e irrefutables: Las autoridades mexicanas han reportado 127 mil personas desaparecidas, y más de 5 mil 600 fosas clandestinas conocidas. Tampoco podemos olvidar que son casi inexistentes las investigaciones y condenas de individuos u organizaciones que participan en este delito. Estas cifras no reflejan un país “normal”, aunque el gobierno mexicano, la clase política y la sociedad civil parecerían acostumbrarse a las masacres y desapariciones diarias. Pero en el caso de la comunidad internacional y organismos multilaterales en los últimos años han seguido de cerca el fenómeno de violencia.
Y seguramente el gobierno morenista acusará a la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hipocresía por no investigar a gobiernos neoliberales. Esta afirmación simple y llanamente es falsa: En las últimas tres décadas, los gobiernos mexicanos, aunque a regañadientes, por lo menos respondían a las demandas de información y acusaciones de la comunidad internacional multilateral.
Pero fue en el sexenio pasado cuando se desbordaron las desapariciones y la indolencia del gobierno hacia el tema de los desaparecidos y la crueldad hacia las madres buscadoras, lo que caracterizó la estrategia de Andrés Manuel López Obrador.
Y por más que buscó el gobierno de la Cuarta Transformación esconder la realidad de la violencia, por la magnitud del problema de los desaparecidos, los datos no permiten barrer los desaparecidos debajo de una alfombra.
Adicionalmente, en el caso de los colectivos y sus líderes han enfrentado amenazas, atentados y asesinatos por llevar a cabo el trabajo que es responsabilidad del gobierno: asegurar su integridad física y encontrar a sus seres queridos desaparecidos. La estrategia de abrazos y no balazos no consideró la tragedia de las víctimas y sus familiares.
Los argumentos de la Presidencia de la República en contra de la invocación del Artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es un error. Insiste la presidenta que no hay una estrategia de desapariciones forzadas “sistemática y generalizada” por parte del gobierno federal, lo que no reconoce la “negligencia criminal” de no implementar una estrategia nacional ante el incremento de los desaparecidos en los últimos años. Al contrario, parecería que el gobierno federal buscaba esconder, sabotear o ignorar los datos duros de lo que estaba sucediendo en el país, donde organizaciones criminales con apoyo de autoridades locales y estatales, permitieron estos delitos atroces.
Y las Naciones Unidas por fin reconoció que llegó la hora de presionar al gobierno de México para que reconozca su responsabilidad, y proporcione información y datos, además de desarrollar una estrategia eficaz.
La Presidencia ya no puede ignorar las exigencias de la ONU, pero estas demandas por este organismo multilateral suceden semanas después de la presentación de un proyecto de ley por parte de la presidenta Sheinbaum para incrementar recursos para reducir las desapariciones y apoyar a las madres buscadoras.
Y es un llamado que la presidenta no puede ignorar: Está la amenaza de que la situación de México sea llevada “con urgencia” ante la Asamblea General de Naciones Unidos, con un impacto reputacional para el país a un año (o menos) de la renegociación del TMEC, la implementación de una nueva estrategia de seguridad con posibilidades de que incremente la violencia y la celebración del Mundial de Futbol.Es hora de escuchar, aunque incomode.