El primer mandato constitucional versa sobre la obligación que tiene el Estado de proteger la vida de los mexicanos y su patrimonio, así como tutelar sus derechos fundamentales.
Pero tal parece que este mandato se lo pasan por el arco del triunfo. Desde que Andrés Manuel López Obrador instituyó el apotegma de “abrazos, no balazos”, se desvirtuó la función primigenia del gobierno.
Es evidente la incapacidad de la 4T en brindar protección a los ciudadanos. No solo hablamos del artero asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sino de las decenas de políticos de todos los partidos políticos que se han enfrentado al crimen organizado y han perdido la batalla a costa de su vida.
No son mentiras las lapidarias frases del presidente Trump en torno al control que tienen los cárteles de la droga en nuestro país y del miedo, complicidad o incompetencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para combatirlos.
“Sheinbaum me cae muy bien, pero México está dirigido por los cárteles… tiene miedo”, advirtió el mandatario estadounidense, al tiempo de insistir con una intervención militar contra los narcoterroristas que atentan contra la seguridad de su país.
Vivimos a expensas de la voluntad de los criminales que siembran el terror en todo el país sin que nadie los frene.
Ahora fue Carlos Manzo; antes, el líder de los limoneros en Apatzingán, Bernardo Bravo. El año pasado, le sucedió al alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien además de decapitarlo fue torturado y su cuerpo exhibido en la plaza pública.
Michoacán se tiñe de sangre con el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, un gobernador complaciente, mentiroso y timorato que toma actitudes más de complicidad con los criminales que como autoridad responsable de la seguridad de sus paisanos.
Si fuera tan solo una entidad, pues el problema no sería tan grave. Pero estamos hablando de que más del territorio nacional se encuentra bajo la égida de los delincuentes sin que autoridad alguna tenga el valor y capacidad para enfrentarlos.
Incluso en la capital del país, acribillaron a los dos colaboradores más cercanos de Clara Brugada y acaban de matar al abogado David Cohen en el corazón de la Ciudad Judicial de la metrópoli.
Por semanas, Carlos Manzo denunció la persecución y acoso de los criminales a su persona y a su comunidad; incluso clamó por seguridad federal, pero esta llegó tarde y a cuentagotas.
Los culpables de este artero crimen, que dejó en orfandad a una inocente criatura, no son solo los capos de la droga. También lo es el gobierno estatal, donde Ramírez Bedolla cobra como gobernador, y por supuesto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
No basta con que Omar García Harfuch y mandos militares y marinos hagan la tarea. Es vital que los propios gobernadores realicen su chamba, aunque varios de ellos están coludidos con los criminales. Es de todos conocido quiénes son, porque no solo están en las listas negras del gobierno de Estados Unidos, sino también de México.
Tan solo citaremos varios nombres de esos mandatarios que llegaron al poder con el apoyo de los cárteles de la droga, como Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Américo Villarreal (Tamaulipas), Evelyn Salgado (Guerrero), por supuesto, Ramírez Bedolla, y otros tantos más, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, o Alfonso Durazo, de Sonora. ¿Y qué decir de Veracruz, con Rocío Nahle?, tan solo por citar algunos cuatroteros que viven envueltos en el sospechosísimo.
Y no solo son mandatarios estatales, sino funcionarios de primer nivel del gobierno federal como Adán Augusto López Hernández.
En muchos casos no se trata de que exista una complicidad explícita, sino de ser omisos en combatirlos, por miedo o por capacidades muy limitadas.
¿De qué sirven las sentidas condolencias si en vida no los protegieron, no obstante las reiteradas y desesperadas peticiones de ayuda?
Como Carlos Manzo, viven otros alcaldes que están entre la espada y la pared resistiendo solos el embate de los malosos y con el abandono de los gobiernos estatales y federal.
La violencia y los sucesos sangrientos son parte de la narrativa cotidiana, así como la incapacidad gubernamental para pacificar al país y revertir los índices delictivos, y como están las cosas, pasará el sexenio de Sheinbaum hundido en la vorágine de la violencia y muerte.
Si esto ocurre con los funcionarios de alto rango, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie que a diario ignora si regresará con vida al hogar?