El inexorable paso del tiempo alcanza ya a las elecciones de juzgadores (1 de junio) y a la redefinición del texto modificado para subirlo al pleno del Senado para su aprobación (periodo extraordinario en los primeros días de junio), merced a los conversatorios que se realizan en la Cámara alta de la ley mordaza impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La ley mordaza no representa una reforma técnica ni un avance en la modernización digital; es en realidad una peligrosa regresión autoritaria que busca consolidar el control del Estado sobre la libertad de expresión y lo que ven, escuchan y leen los mexicanos.
Las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado encabezarán esta semana los dos últimos conservatorios sobre la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y después se tendrá todo listo para convocar a un periodo extraordinario para su aprobación, casi sin quitarle una coma a la iniciativa presidencial.
Los oficialistas dicen que se va a modificar el texto original, pero lo cierto es que tan solo se cambiará la redacción del artículo 109 de la ley que permite bloquear plataformas digitales y algunos párrafos más de otros artículos, pero la esencia represiva y de censura se mantendrá con una agencia gubernamental convertida en la Santa Inquisición de la dictadura en ciernes.
Esta agencia tendría poder para otorgar, renovar o revocar concesiones, organizar licitaciones, vigilar y limitar los contenidos publicitarios, fungir como árbitro entre concesionarios, además de instrumentar un control total del ecosistema mediático.
Se trata de eliminar los contrapesos que implica tener una prensa libre y conversaciones digitales, acallando voces críticas y dando pie a una peligrosa censura institucionalizada.
Dice Denise Dresser en su participación en los conservatorios organizados exprofeso por los oficialistas para darle un tinte de democracia participativa al proceso de aprobación de la ley mordaza, que la iniciativa viola la Constitución, ya que promueve la competencia desleal del gobierno, no corrige los errores de la Ley de Telecomunicaciones del 2014, no contiene controles para impedir el ingreso del crimen organizado a la radiodifusión, corre en contra de la autonomía regulatoria que exige el T-MEC, desalienta la inversión, adjudica y revoca concesiones a modo, establece la geolocalización y el registro de usuarios de telefonía móvil abriendo la puerta al espionaje gubernamental, entre otras características represoras de la “Ley Claudia”.
Entre la ley mordaza y las elecciones de jueces, magistrados y ministros avanza la autocracia, sí, esa, en donde se concentra el poder en un solo hombre o mujer, para terminar de cerrar el círculo que atenta contra los derechos fundamentales de los mexicanos, la división de poderes y, por supuesto, la democracia.
Tanto brinco para dar un gran paso al pasado del siglo XX, en el cual el PRI se mantenía como un poder hegemónico en donde no se movía nada sin la venia del presidente en turno.
Ahora se pretende hacer lo mismo con los primos hermanos de los tricolores que emigraron a Morena, aunque conservar en su ADN al dictador que todos llevan adentro. Desde AMLO, pasando por la doctora.
Dice el expanista y ahora connotado morenista, Javier Corral, que la ley mordaza “será acorde con los lineamientos que México suscribió en el T-MEC y con los estándares internacionales”, además de que “serán 10 o 12 artículos que se modificarán para dar cabida a las observaciones recabadas en los conversatorios” y con ello se “despejarán las dudas, inquietudes y preocupaciones y, al concluir el proceso, va a haber un gran dictamen”; empero, una cosa es lo que dice Corral y otra, la que dispone la presidenta de la República.
El gobierno, rehén de la CNTE
La disidencia magisterial mantiene como rehén al gobierno de la 4T merced a la ingenuidad de los interlocutores oficiales que han tratado de negociar con la CNTE y que, con abrirles las puertas de Palacio Nacional, solo lograron avivar un movimiento que se circunscribe a tener una presencia marginal en cuatro o cinco estados y párele de contar.
Los reclamos de la CNTE son tan absurdos como la exigencia de un aumento salarial del 100 por ciento o de echar abajo la reforma del ISSSTE de 2007, y si en dado caso se les otorgaran estas demandas, pues sacarían de inmediato otras tantas igual de extremas que les permitan tener canonjías políticas y económicas.
Ante un grupo chantajista que solo busca seguir mamando de la ubre del presupuesto federal y estatal, el gobierno se asusta con las llamaradas de petate, en lugar de aplicar la fuerza del derecho. No se trata de reprimirlos ante la violación de derechos de terceros que afectan con sus movilizaciones, sino de mantener las protestas dentro del cauce de la ley y el diálogo con la representación nacional del magisterio, que recae en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no en la disidencia minoritaria.