Se acaba de abrir la caja de Pandora con la existencia de campos de exterminio en Jalisco y Tamaulipas y seguramente en otras partes del territorio nacional. Las autoridades locales y federales tienen conocimiento de estos campos y ahora van a tener que revelar, so pena de acusarlos de complicidad con los asesinos.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, existen reportes de inteligencia del Ejército desde 2019, en que ya se señalaba la existencia del rancho de Teuchitlán en Jalisco como una finca en la que se reclutaban jóvenes, los mataban y exterminaban en hornos crematorios.
En el 2020, se recogieron testimonios de vecinos al rancho de la actividad criminal sobre personas privadas de su libertad. Sin embargo, a pesar de ser informes de la milicia, absolutamente nadie hizo nada. Ni el presidente de la República, ni la Fiscalía General de la República, y menos el gobernador Enrique Alfaro, ni el fiscal de Jalisco y autoridades municipales.
Es un secreto a voces sobre la exorbitante cifra negra de miles de desaparecidos en el país, sobre todo de jóvenes de ambos sexos e incluso niños e infantes, aunque estos son utilizados para otros fines diferentes a la leva que hacen los criminales.
López Obrador ordenó bajar las cifras oficiales en su sexenio a 60 mil desaparecidos; empero, esta cifra contrasta notablemente con la cifra negra que tienen los colectivos buscadores de personas desaparecidas y que ronda en 200 mil personas no localizadas. Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) con corte al 30 de agosto de 2024, había 115 mil 532 personas desaparecidas. De estas, 51 mil 673 corresponden a su sexenio, siendo Jalisco, Tamaulipas y Estado de México las entidades que tienen más casos.
La invisibilidad de las cifras negras es relevante, ya que según datos de las fiscalías estatales y registros propios de los colectivos, registran más de 101 mil 667 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos.
Según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en el sexenio de AMLO desaparecieron más de 51 mil menores entre junio de 2019 y junio de 2024.
A estas cifras hay que sumarle lo que ocurre con los desaparecidos de otros rangos de edad.
Dice la presidenta que primero hay que investigar qué pasó en Teuchitlán y luego proceder a castigar a los culpables y tiene razón, aunque desde hace cinco años ya se sabía de la actividad de exterminio que hacía el CJNG en Jalisco.
Los colectivos de buscadoras son los que denunciaron y presionaron para que las autoridades de los tres niveles de gobierno se pusieran a trabajar en las pesquisas para deslindar responsabilidades. Aunque para este tipo de actividad criminal, es tan grande y con tan alto impacto en la sociedad por el número de jóvenes desaparecidos, que se requería necesariamente la complicidad de las autoridades, e incluso de la policía y de miembros del Ejército.
La omisión de las autoridades sobre este campo de exterminio es igual de criminal que la de los autores materiales de los asesinatos y, por ende, tanto Enrique Alfaro, exmandatario de Jalisco, debe ser llamado a cuentas como los capos.
Quien gobierna en Jalisco no es el gobernador en turno, sino el Cártel Jalisco Nueva Generación y, en este sentido, necesariamente los gobernantes de esta entidad están coludidos con ellos, ya por omisión, miedo o franca complicidad.
Hay que recordar el artero asesinato del exgobernador de esa entidad, Aristóteles Sandoval, ocurrido en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.
La pregunta surge de inmediato: cuántos más campos de exterminio existen en el país; seguramente están en donde operan los cárteles de la droga, quienes disponen de crematorios para desaparecer a sus víctimas. Desde Baja California, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Tabasco, Edomex hasta la CDMX, aunque Batres lo quiso ocultar, hay evidencia confiable de su existencia.
Las madres buscadoras, en su dolorosa lucha por buscar y encontrar a sus familiares, abrieron esa caja de Pandora. No quiso Andrés Manuel López Obrador investigar y menos reunirse con ellas. Juntos, gobierno y sociedad, se enfrascarán en una búsqueda frenética por las personas desaparecidas y por castigar a los culpables de tanta muerte.
En tiempos de AMLO, el país olía a muerte por los homicidios dolosos, desaparecidos y las víctimas de Covid, merced a la negligencia criminal en la atención a los pacientes por parte del gobierno.
Se presume cotidianamente que los homicidios van a la baja, pero callan por el incremento en el número de desaparecidos en los primeros cinco meses de esta administración.