Cuando se pensaba que ya no se podía empeorar más el sistema de salud del Estado, baja de forma preocupante el presupuesto público asignado para enfermedades que causan daño patrimonial a las familias sin seguridad social.
Desde la diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer infantil, el cáncer cérvico uterino, hasta el sida, pasando por el lupus eritematoso, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa crónica, la enfermedad renal crónica, entre otras, reciben para su atención menos recursos públicos que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
De hecho, con AMLO el presupuesto público para atender a familias con males que causan gastos catastróficos cayó en más de 50 por ciento y lo más grave es la desaparición del Seguro Popular para dar paso al Insabi; fue una decisión a toda luces errónea que causa más mortandad y aumento de mexicanos enfermos y sin opción para atenderse.
Se habla de 15 millones de mexicanos que se sumaron al enorme sector de la población que carece de la protección del Estado en el tema de salud, particularmente cuando se tienen enfermedades de alto costo.
La promesa presidencial de tener un sistema de salud como Dinamarca se convirtió en una burla para la población que se beneficiaba con el Seguro Popular y que ahora acude a las farmacias que cuentan con un consultorio, aunque ya amenazó Hugo López Gatell con quitarlas.
Ni el IMSS, ni el ISSSTE y menos el Insabi, cuentan con un inventario de medicamentos suficiente para atender la demanda de la población que requiere atención inmediata y esta situación, lejos de corregirse en el corto plazo, se complica y no se observan visos de solución en los próximos tres años.
El desmantelamiento que hizo López Obrador, al principio de su administración, del sistema de abastecimiento y compras consolidadas de medicamentos, ha causado enormes daños entre la población que, por desgracia, conlleva muertes y enfermedades que se pudieron haber evitado.
Ahora, parece que hay una competencia entre los tres directores de estas dependencias para ver quién es el más torpe e inepto.
El colmo de lo absurdo es que el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, ha dejado plantados a los diputados federales de Morena y de todos los partidos políticos, valiéndole queso la obligación que tiene de rendir cuentas al Poder Legislativo.
El diputado de MC, Salomón Chertorivski Woldenberg, advirtió que la negativa de asistir no solo es una grosería y majadería. “Nosotros como Congreso tenemos responsabilidad como órgano de control y vigilancia. Es nuestra función constitucional ante el Ejecutivo y, por ello, cuando invitamos a una funcionaria o a un funcionario no es a contentillo, es su obligación asistir a rendir cuentas ante el órgano de control y vigilancia”, dijo.
La legisladora del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, fue más allá al referir que “todos los días se reclama la falta de acceso a servicios de salud, esquemas de vacunación y todo pone en riesgo la salud de la población y es a lo que debemos comprometernos”. Destacó la importancia de la asistencia del funcionario, para conocer qué encontró en sus visitas a las clínicas, cuál es su propuesta, si tienen recursos o no y de qué manera se puede apoyar, “pero a ciegas no podemos atender la responsabilidad que nos debe ocupar”, dijo.
Bien por la Comisión de Salud, que preside el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), al citar a comparecer a los directores generales de los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno Santaella, y de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, para abordar inquietudes de las y los legisladores; mal porque también deberían llamar a cuentas a Zoé Robledo, titular del IMSS.
Azuara Yarzábal propuso esta comparecencia y dijo que, ante el incremento de atención en consultorios anexos a las farmacias en los que la población gasta en promedio más de 40 por ciento de sus ingresos anuales, es necesario saber qué cobertura tiene el Insabi, cómo sabe el pueblo a qué servicio está inscrito, qué prestaciones tiene y a qué tiene derecho.
Bueno, hasta la diputada del PT, partido aliado de Morena, Margarita García García, afirmó que es una falta de respeto hacia las y los diputados no rendir cuentas ni aclarar sus dudas. “Eso demuestra que en el ISSSTE cada quien hace lo que quiere y por eso está ‘de patas para arriba’ y la gente se queja por el mal servicio, la falta de medicamentos y de equipo para dar atención a la derechohabiencia”.