A unos días de que se lleven a cabo las elecciones judiciales, probablemente ha notado usted entre sus conocidos una discusión en torno a si se debe o no acudir a votar.
De un lado, están los que dicen que no, porque eso legitima o convalida una “farsa catastrófica” (término empleado por el columnista Jesús Silva-Herzog Márquez en su texto del lunes en Reforma), por medio de la cual el voto simplemente contribuye a la destrucción del Poder Judicial.
Del otro lado están los que dicen que sí hay que votar, porque, palabras más, palabras menos, el derecho al voto hay que ejercerlo, siendo éste el instrumento de empoderamiento ciudadano por excelencia ante el Estado, así como de distribución del poder en una democracia.
Tanto un lado como el otro tienen sus razones y están muy a tono con la polarización de la era ‘4T’, sin un punto medio, ni un entendimiento mutuo. Más bien, con desdén hacia el otro lado.
Pareciera ser una división entre apocalípticos e integrados, tomando prestado el término de Umberto Eco y que he aplicado en otros temas aquí mismo.
Entre las voces apocalípticas, esta elección es el fin del mundo político-institucional como lo conocemos.
Entre las voces integradas, la reforma judicial podría no tener razón de haber sido, pero es; y quizá estas elecciones no deberían ser, pero son.
Lo cierto es que se espera una muy baja participación en estas complejas y primerizas elecciones.
Precisamente, para entender estas elecciones hay que salirse un poco de la caja, es decir, de nuestro rico y valioso historial electoral.
Esta no es, como algunos la denominan, “una elección normal”, en la que las y los electores votantes eligen representantes populares. No es una elección que se guíe por el principio de establecer y fortalecer vínculos de representación política.
Por ser la primera, la lógica electoral y de las campañas partidistas de las elecciones de representación parecen prevalecer, pero con una buena curva de aprendizaje, podríamos ir viendo una lógica diferente.
Se trata de una elección de asignación a cargos judiciales. A diferencia de las elecciones de representantes populares propuestos por partidos políticos, y hago énfasis en representantes, esta es una elección para designar cargos judiciales con candidaturas propuestas por los tres poderes de la Unión, algunos, los menos, en funciones, y otros no. No se busca establecer un vínculo de representatividad, solamente la designación de cargos.
En eso también hay una distribución del poder, por supuesto, a través del voto, pero no de vínculos de representación.
Las y los jueces y magistrados que sean asignados no tienen qué representar a “sus electorados”, sino deberse al Estado de Derecho.
Por eso es muy importante votar, para participar en esa asignación de cargos. Es compleja, requiere más información y exigencias que votar por candidaturas partidistas, pero es una importante convocatoria al voto.
Al igual que en la consulta de Revocación de Mandato, hay voces opositoras y/o críticas que en vez de enfatizar el poder del voto están promoviendo la abstención.
Y, al igual que en la Revocación de Mandato, la escasa participación de este domingo 1 de junio muy probablemente estará compuesta por simpatizantes del oficialismo.
Creo que la abdicación o renuncia de la oposición a votar en las elecciones judiciales podría tener efectos similares en 2027 a los que tuvo la Revocación de Mandato en las elecciones de 2024: un oficialismo aceitado y una oposición oxidada y desarticulada por su llamado a abstenerse.
En otras palabras, la abstención de hoy incide en las derrotas de mañana.
Una encuesta de EL FINANCIERO mostró que no hay una elección a ciegas: la mayoría de las personas prefiere una candidatura en funciones, lo cual refleja el razonamiento de que estos cargos deben ser asignados a personas con experiencia. Se trata de un razonamiento muy importante y responsable y, ciertamente, no es el único.
Si la ciudadanía cree en el poder del voto, creo que la oposición debería también compartir esa creencia.
Renunciar al poder del voto hoy equivale a no sembrarlo ni cultivarlo para mañana.
La postura de no votar le hace un favor al oficialismo, al dejar que los votos oficialistas el 1 de junio pesen más en las urnas de lo que en realidad pesan en la opinión pública.
En las elecciones judiciales hay muchos ángulos que discutir, que analizar, y qué mejorar. Pero renunciar al voto es limitar o truncar uno de los poderes que, como ciudadanos, tenemos.