De nuevo la política migratoria de Estados Unidos es tema de agenda nacional. La orden ejecutiva que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, la iniciativa para gravar remesas y la mera posibilidad de realizar un concurso entre migrantes con la promesa de ganar la ciudadanía constituyen ciertamente medidas regresivas y discriminatorias, pero también posiblemente contraproducentes para los mismos estadounidenses.
Afortunadamente, el martes pasado Noem negó que la Secretaría de Seguridad Nacional estuviera valorando la realización de un “reality show” que, mediante concursos televisados, permitiera la obtención de la ciudadanía estadounidense.
Esto después de que, en días previos, fuentes oficiales habían afirmado que existía la posibilidad de llevar a cabo estos concursos patrocinados para enaltecer el valor de lo que significa ser un nacional. Dichas declaraciones generaron una crítica rotunda por ser una idea contraria a la dignidad humana y —también— a la finalidad última, aparentemente buscada: desincentivar la migración ilegal.
Misma suerte corre la orden ejecutiva impulsada por Trump que pretende impedir que hijos e hijas de personas sin ciudadanía o sin residencia legal —incluidas aquellas con visa de turista, estudiante o trabajo— obtengan automáticamente la ciudadanía al nacer. Esta medida se encuentra en debate bajo la Corte Suprema, quien determinará si válidamente ésta puede reinterpretar la cláusula de ciudadanía constitucional.
No obstante, más allá del debate jurídico, si bien la orden presidencial rompe con la narrativa de la promesa de inclusión de Estados Unidos, su gran paradoja radica en que la medida podría duplicar en diez años la población indocumentada de segunda generación (Migration Policy Institute, 2025). Esto es, no se detendría la migración; se profundizaría la exclusión.
Por su parte, la iniciativa para gravar remesas en un 5% va caminando a gran velocidad y se espera su aprobación durante esta semana. La legalidad de esta medida es opinable, pues el impuesto se dirige al envío del monto y no directamente al ingreso, lo cual podría evitar el argumento de la doble tributación. Sin embargo, de lo que no hay duda es de sus efectos nocivos en lo económico y en lo social, sobre todo para la población más vulnerable de los países receptores, entre los cuales está México.
En 2023, México recibió 63 mil 300 millones de dólares en remesas (Banxico). Un impuesto del 5% representaría una pérdida anual de al menos 3 mil 250 millones de dólares, lo que equivale a una reducción del PIB de 0.18 puntos porcentuales. Este monto equivale al presupuesto completo del programa “La Escuela es Nuestra” para 2024, que ascendió a 28 mil 358 millones 345 mil pesos.
El daño nacional será considerable, mientras que para Michoacán, Oaxaca o Guerrero, entidades que cuentan muchas veces con las remesas como fuente principal de ingreso familiar, el daño será devastador y afectará la seguridad alimentaria y la salud de millones de personas. Por ello, expertos ya señalan que este impuesto empujaría a recurrir a canales informales, más opacos e inseguros.
Adicionalmente, esta medida impactará negativamente a economías locales dentro del propio mercado estadounidense, ya que los migrantes se verán obligados a reducir su gasto cotidiano. Amén de ello, la implementación del cobro del 5% implicará necesariamente un costo operativo de bancos e instituciones financieras para lograr identificar sin error las transacciones objeto del gravamen, y deberán pasar por procesos de verificación complejos que las pondrán en la mira de demandas por discriminación.
Así, las consecuencias no se quedan en la retórica: impactan vidas concretas, tendrán costos políticos para los republicanos y afectación en estructuras económicas y en las relaciones diplomáticas. El punto de encuentro para la política migratoria de EU requiere medidas asertivas que no siembren vientos que puedan cosechar tempestades.