La consolidación de nuestro régimen democrático ha sido fruto del activismo y determinación de miles de mexicanas y mexicanos en la definición del sistema político del que hoy gozamos, cuyo objetivo es generar las condiciones sociales e institucionales necesarias para la garantía de los derechos humanos y, con ello, alcanzar el bienestar colectivo.
En este diseño institucional, los organismos constitucionalmente autónomos han brindado el equilibrio y la imparcialidad que debe prevalecer entre poderes durante el ejercicio de la función pública. En este marco, el INAI, de acuerdo con su mandato constitucional, es el ente encargado de tutelar los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales; atribuciones claramente definidas e insustituibles.
Recientemente, estos organismos han sido objeto de ataques y señalamientos sobre su razón de ser y sus resultados, en parte, debido al desconocimiento que aún prevalece sobre su existencia en algunos sectores de la población, pero, principalmente y de forma lamentable, debido a campañas de desinformación que han buscado desprestigiar y deslegitimar sus aportaciones a la democracia, cuestionando incluso sus orígenes de conquista social.
Por ejemplo, se ha intentado inducir la creencia de ser instituciones costosas, burocráticas y obsoletas, o que el valor de sus aportaciones es nulo. Esto es incorrecto. Ni siquiera bajo una idea de costo-beneficio se podrían justificar estos argumentos, pues la garantía de los derechos no tiene precio.
Estos organismos son instituciones públicas que también forman parte del Estado mexicano y, por lo mismo, disponen de un andamiaje normativo e institucional robusto e integral, que mexicanas y mexicanos diseñamos en la historia reciente para hacer realidad el ideal democrático definido en nuestra Constitución Política.
Incluso, la evidencia indica que las instituciones públicas con independencia política e imparcialidad técnica no sólo contribuyen a evitar abusos de poder, sino también permiten crear espacios para una efectiva rendición de cuentas. Aquí encontramos una doble aportación del INAI: por una parte, el tutelar los derechos a los que me he referido, y por otra, ofrecer las condiciones informacionales en igualdad para hacer de la información pública un recurso estratégico que facilite la comprensión del entorno y el análisis del desempeño institucional.
Por ello, en el contexto que vivimos, no deberíamos debatir sobre la importancia de estos organismos ni de su existencia, sino cómo fortalecerlos para potenciar su alcance e impacto social. Hoy somos testigos de situaciones que diariamente nos aquejan como la falta de cobertura en servicios de salud, la falta de infraestructura y la disminución de la calidad educativa o la inseguridad. ¿Por qué centrar el debate y la opinión pública en la desaparición de instituciones públicas que, si bien pueden mejorar, han probado su utilidad y efectos benéficos para la sociedad? ¿Por qué no mejor ocupar el espacio cívico para promover el diálogo y la colaboración y vincularlo a la solución de problemas públicos de manera innovadora? ¿Por qué no apostar por la transformación y mejora institucional para una mayor incidencia y generación de beneficios?
El perfeccionamiento de nuestra democracia debe ser un proceso incremental, sin retrocesos, donde las instituciones públicas sean cada vez más sólidas, basadas en la transparencia, la integridad y la eficacia, y la sociedad más fuerte, a partir de la información, la crítica y la participación. A eso debemos aspirar como Estado mexicano. Y aquí, los organismos constitucionalmente autónomos como el INAI, son pilares fundamentales en la construcción del destino nacional.