El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional para evitar el pase automático de Fiscal a Procurador. "Si Raúl Cervantes Andrade tiene aspiraciones de ser Fiscal General debe renunciar a la titularidad de la Procuraduría General de la República; si este es su objetivo, tiene que demostrar a la ciudadanía independencia del Gobierno Federal y someterse al escrutinio de la sociedad", afirmó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.
Destacó que el Fiscal General de la República tiene que nacer con la legitimidad necesaria para ejercer verdaderamente sus funciones, y esto sólo podrá garantizarse si posee autonomía del poder público, del dinero y de los factores que tratan de incidir en las decisiones nacionales.
Aseguró que la transformación de la Procuraduría en Fiscalía General de la República "no pude ser un mero cambio en la denominación, debe marcar una etapa diferente en la procuración de justicia en México. Por esta razón, en la próxima sesión del Pleno, el martes 29 de noviembre, las y los senadores del PRD presentaremos dos iniciativas: una de reforma Constitucional, y otra que regule la vida de la Fiscalía General de la República".
"Los legisladores debemos proponer instituciones que respondan a las grandes problemáticas sociales, como es la demanda de una adecuada procuración de justicia", sostuvo.
Barbosa Huerta dijo que por ello, es necesario reformar el párrafo segundo del Artículo Decimosexto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, además de expedir una Ley de la Fiscalía General de la República que garantice su adecuado funcionamiento.
Explicó que el párrafo segundo de dicho transitorio establece que el Procurador General de la República que se encuentre en funciones quedará designado como Fiscal General de la República por 9 años. El titular de la nueva fiscalía no puede ser una designación de facto. Esto sería un pésimo mensaje hacia la sociedad.
"Esa disposición transitoria constitucional genera una condición política que imprime dificultad al tránsito legal hacia la autonomía del Ministerio Público", subrayó.
Reiteró que resulta necesario hacer esa modificación para recuperar la certeza en la investidura del Fiscal y facilitar la cristalización del régimen de autonomía constitucional del Ministerio Público, como principio de respuesta de los poderes del Estado a la demanda ciudadana de combate a la impunidad en diversas áreas de la vida pública y cotidiana de la Nación.
El coordinador parlamentario señaló que se requiere una ley de la Fiscalía que garantice autonomía, un alto perfil en la función ministerial y de investigación, un ejercicio garantista de procuración de justicia, sistematicidad en la política criminal, vigilancia anticorrupción, controles democráticos y renovación eficiente del Ministerio Público.
