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Por ley, frenan en CDMX los desalojos con violencia

'Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales', señala la legislación capitalina.

Para evitar la violación de derechos humanos, el Gobierno de la Ciudad de México garantiza que los desalojos forzosos o lanzamientos que se realicen en la capital del país solo serán en casos excepcionales.

Así lo establece el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, publicada el 8 de febrero pasado en la Gaceta Oficial.

La ley establece que antes de ejecutar cualquier desalojo o lanzamiento se deberá buscar la mediación para evitar la fuerza, ya que se debe atender el derecho a la vivienda que tienen los ciudadanos.

"Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza", destaca el artículo 60.

Asimismo, establece que las personas a desalojar podrán acceder a una indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir perdidas materiales; además de que es obligación de los jueces atender las demandas de los desalojados.

"(Tienen derecho a) la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio", agrega la legislación.

En el documento también se establece que el gobierno deberá garantizar el alojamiento adecuado de las personas que hayan sido desalojadas y no cuenten con recursos, "en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen".

Como parte del Plan General de Desarrollo y el Programa Ordenamiento Territorial, el gobierno deberá regular, diseñar y ejecutar la política habitacional que garantice el derecho a la vivienda.

Antes de publicarse, esta disposición era una iniciativa que llegó al Congreso capitalino por parte de organizaciones civiles como Cencos, la cual celebró la medida que frena el incremento de desalojos en la capital del país, principalmente en las colonias del centro de la ciudad.

"Hemos revisado la legislación vigente con el objetivo de incidir en ella y proponer nuevos artículos o leyes que ayuden a equilibrar la situación de indefensión", dijo la organización.

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