Luego de que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa fallo a favor del embargo de cuentas bancarias del Ayuntamiento de Mérida por casi 28 millones de pesos, legisladores federales del Partido Acción Nacional denunciaron ante la Fiscalía General del estado a los Magistrados de dicho tribunal por considerar que actuaron políticamente.
El senador Daniel Ávila Ruiz explicó que los Magistrados denunciados son Miguel Diego Barbosa Lara, José Jesús Mateo Salazar Azcorra, y María Guadalupe González Góngora, quienes habrían procedido con dolo para ordenar el embargo de las cuentas del Ayuntamiento de Mérida, las que por Ley son inembargables tomando en cuenta que dos de las tres contaban con recursos federales del Ramo 33.
Acompañada de la diputada federal Beatriz Zavala Peniche y de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Ávila Ruiz reiteró que los tres Magistrados actuaron con todo dolo en contra del Ayuntamiento que hoy preside el panista Renán Barrera Concha.
El legislador aseguró que con la denuncia se piden a la Fiscalía General del Estado que realice las investigaciones correspondientes contra los tres magistrados, y son responsables de lo que se les acusa que se les aplique todo el peso de la ley y los inhabiliten del cargo.
En Acción Nacional, afirmó, no tenemos duda de que el fallo del Tribunal se dio, a pocos días de las elecciones, porque tiene un sentido político, y en ello tienen que ver directamente el gobierno del Estado y el Poder Judicial de Yucatán, quienes con esas acciones se están pasando de sus atribuciones y facultades.
Por su parte, la diputada federal Beatriz Zavala Peniche lamentó que los magistrados hayan utilizado de una manera supletoria el Código Civil en ese juicio, cuando debieron emplear el Código de Procesos Administrativos, pues aunque el litigio era entre dos particulares, en realidad estaban acusando a un gobierno.
"Como legisladores venimos a defender al Ayuntamiento y a los meridanos, pues no está perjudicando a la figura jurídica sino a los ciudadanos, pues se embargaron recursos que ya estaban comprometidos para obras y acciones de infraestructura en el municipio", apuntó.
Recordó que el error que hoy quieren hacer pagar al Ayuntamiento fue cometido por el Gobierno del Estado en 1999, que encabezó el priista, Víctor Cervera Pacheco, por un cobro indebido del impuesto predial, por lo cual el Ejecutivo local debería ser quien asuma esa responsabilidad y pagarle a las 13 personas que denunciaron al Ayuntamiento por esa irregularidad.
