CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional de la Ciudad de México (PAN-CDMX) advirtió que podría no participar en la aprobación de la Constitución, si el borrador que elaboran un grupo de "notables" continúa siendo un misterio.
"Si es un proyecto que tiene el sello del PRD, de un partido o de una corriente ideológica el PAN estaría valorando seriamente si es conveniente tomar la protesta necesaria y participar en el proceso", aseveró Mauricio Tabe, presidente capitalino de Acción Nacional.
En conferencia de prensa, Tabe Echartea llamó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a convocar cuanto antes a las dirigencias de los partidos políticos en la capital a una primera reunión para conocer el primer borrador del proyecto de Constitución local y se inicie el proceso de discusión y preparación de la Asamblea Constituyente.
El líder panista señaló que se deben conocer las posiciones de los diputados electos, para que una vez que se integre la Asamblea Constituyente se dé el debate del proyecto.
"Nos preocupa que a poco más de 70 días de que se instale esta Asamblea Constituyente y con 20 días de la elección, no hayamos sido convocados por el gobierno de la ciudad para conocer las versiones preliminares del proyecto de Constitución", insistió.
Sostuvo que también se debe trabajar cuanto antes en el Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, ya que si éste no está bien diseñado, se corre el riesgo de que no se logren consensos.
"Se tiene que dejar claro qué comisiones van a establecerse, cuáles van a ser las reglas de votación y de debate, así como cuáles serán las posibilidades que tenga un diputado constituyente de modificar y bajo qué términos podrá modificar el proyecto de Constitución de la Ciudad de México", indicó.
Detalló que otro tema es la integración y funcionamiento administrativo de la Asamblea Constituyente, ya que es importante cuidar los recursos para que no represente un dispendio para la ciudad.
Aseguró que algunos temas del PAN para esta Carta Magna local son: la modificación de la naturaleza jurídica de las delegaciones, el fortalecimiento del sistema local anticorrupción, además de la reducción de diputados y los límites al gasto del Congreso local.