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La pandemia de COVID-19 ha dejado en Mexico no solo muerte, sino también injusticia, violación a derechos humanos y violencia contra la mujer, sobre todo entre los sectores social y económicamente más vulnerables y desprotegidos,
Por ello el trabajo de defensa jurídica gratuita (pro bono) incrementó considerablemente.
Así lo advirtieron integrantes de los colectivos Justicia Covid y Red de Abogadas Violeta, que nacieron en 2020, durante la pandemia, con la mística de la responsabilidad social y la visión de atender gratuitamente a la población más lo necesita.
A la fecha, ambos colectivos han representado legalmente a más de 4 mil personas que de otra manera no hubieran tenido acceso a la justicia.
"La pandemia ha traído mucha tragedia, muchísimas pérdidas, muchísimas cuestiones que nos duelen en el corazón a todos... pero también ha traído reflexiones profundas de entender cuál es nuestro papel cómo abogados en la sociedad", dijo José Mario de la Garza, integrante de Justicia Covid.
Advirtió que en el caso de los abogados, por mucho tiempo prevaleció el viejo esquema del trabajo individual, de luchar solo por casos pagados y siempre poner lo económico como prioridad.
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"Esa visión le quedó a deber al país, esa abogacía concentrada en una firma y pensando que esa era su función social fue la tragedia de las violaciones a los derechos humanos que las vimos frente a nosotros y dejamos pasar, que vimos a las mujeres violentadas y que no nos interesó, que no nos importó cómo se vulneran los derechos humanos de otros.
"Se dejó de entender que la abogacía tiene una función social enorme, no puedes pensarte y asumirte como abogado o abogada sin entender la responsabilidad que tienes dentro de la sociedad y por eso nació, en medio de la pandemia, Justicia Covid", agregó.
Se trata de un colectivo que reúne a 70 despachos jurídicos y más de 200 abogados y abogadas que en 11 mil horas han defendido en tribunales a más 3 mil 800 personas.
En tanto, la Red de Abogadas Violeta está conforma por 101 profesionales del derecho, con presencia en 13 estados de la República. Su trabajo está enfocado exclusivamente en la atención a mujeres cuyos derechos han sido violentados.
María Santos Villarreal, integrante de dicha red, destacó que la visión del colectivo es la responsabilidad social de ver por quienes no tienen medidos de acceso a la justicia, por factores sociales o económicos.
"Quienes estamos en una posición de privilegio, porque tenemos necesidades básicas cumplidas, tenemos que devolver un poco de eso a la sociedad a través de las personas en situación de vulnerabilidad", dijo.
Ambos colectivos firmaron un acuerdo de colaboración para llegar a beneficiar a un mayor número de personas. "Una pequeña acción puede detonar en grandes cambios", advirtieron.
En el evento participaron también el abogado Guillermo Rivera, la abogada Fátima López y Norma Estela Pimentel Méndez, esta última presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Puebla, quien fungió como testigo de honor.
"Estoy segura que este convenio de colaboración va a reforzar el propósito de ambas colectivas, va a reforzar esta alianza para generar justicia jurídica pro bono a las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad", dijo Pimentel Méndez.