Un juez federal frenó de manera indefinida la demolición de un edificio ubicado en Periférico Sur, el cual está desde hace varios meses clausurado y se encuentra en la mira de las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón.
Francisco Gorka Migoni, juez décimo de distrito en Materia Administrativa, ordenó a autoridades de la alcaldía que dirige Layda Sansores no proceder al derribo del inmueble.
"Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se impida la demolición ordenada mediante oficio DAO/DGV/DVA/UDVO/5238, de 1 de agosto de 2018, en el inmueble ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez 3042, colonia Pedregal de San Ángel", dice la notificación publicada este martes.
En ella, el juzgador ordenó también a las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón que permita a los empleados de la constructora "el ingreso al inmueble para que realicen las medidas de mitigación para su conservación".
Al resolver dentro del juicio de amparo 895/2018, el juez Gorka Migoni emplazó a las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón a responder la demanda de amparo y citó a una audiencia para este 10 de mayo.
Héctor Mondragón Olivares, director general de ASJUFI Asesoría Legal, y responsable de la obra, dijo que es necesario que se mitiguen los riesgos en la obra y con ello se evite alguna situación de riesgo.
En entrevista, recordó que desde noviembre pasado hizo ver a las autoridades de la alcaldía de que algunas de la estructura de acero del inmueble no estaban soldadas por lo que representan un riesgo de colapso por sismo.
"Era necesario ingresar al inmueble a realizar obras de mitigación de riesgo, pedimento que se ignoró por empleados de la alcaldía. Es momento de dejar a un lado la soberbia", dijo.
"Se lo pedimos por favor a la alcaldesa, se lo pedimos al señor Joel Salmerón, director de Obras en Álvaro Obregón, cuiden el bien jurídico tutelado que es la vida, tenemos que ingresar a la obra porque es una obligación social y moral, y ahora está avalada por un juez federal", se indicó.
En tanto, Holmes David Quimbaya, director del área jurídica de ASJUFI, dijo que la empresa debe de acatar la resolución del juez federal o de lo contrario podrían tener implicaciones legales.
"Lo que hace un juez federal es darnos un mandato, aquí hay un peligro y tienes que mitigarlo, no es un derecho es un mandato que nos está dando el poder judicial a nosotros, incluso a la propia alcaldía", aseveró.