CUERNAVACA.- El jefe de oficina de la gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, acudió a las oficinas de la fiscalía anticorrupción para interponer 18 denuncias por desvío de recursos en las áreas de obras públicas y la Secretaría de Salud.
"Se trata de una serie de denuncias contra funcionarios de obras y una que se presentó hace unos días del sector salud, esto es un inicio de lo que va pasar dentro de este gobierno. No es que sea un compromiso, nos habría encantado no tenerlo, de verdad nos encantaría que hubiera sido un gobierno trasparente, pero no", señaló Sanz.
Desde hace unas semanas, el secretario de obras Fidel Giménez Valdez acusó que 24 obras de la administración del perredista, en especial las que denominó como emblemáticas -el Museo de Arte Popular Juan Soriano, el Centro Cultural Teopanzolco, el Centro Comunitario 'Los Chocolates', el estadio de futbol Agustín Coruco Díaz, el Centro de Educación y Rehabilitación Infantil (CREE) y la nueva sede Legislativa del Congreso del Estado- han presentado irregularidades.
Sanz Rivera comentó que son mil 600 millones de pesos lo que se ha cuantificado dentro de estas denuncias, pero advirtió que se prevé la cantidad aumente, pues apenas es una parte de lo que se ha investigado.
Asimismo, el diputado de Morena, Marcos Zapotitla Becerro, reveló que se había detectado que, durante la administración de Graco, el titular de Hacienda, Jorge Michel Luna, trianguló alrededor de 500 millones de pesos de las arcas estatales que, aseguró, se había destinado a la campaña de Rodrigo Gayosso, hijastro del exmandatario.
Por tanto, el actual consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, reveló que habrá algunos datos confidenciales sobre los nombres de los funcionarios investigados y casos, para evitar que busquen ampararse, pues quieren evitar que eso suceda.
"Nos damos cuenta día a día lo que sucedió en el gobierno de Graco; de hecho, la titular del Impepac, Ana Isabel León Trueba, me informó que él puso en peligro social los comicios al no brindar los recursos al instituto, son muchas graves, no sólo administrativas, sino sociales, incluso el clima de inseguridad nos lo dejaron sembrado en el gobierno anterior", señaló.
El funcionario agregó que, incluso, la esposa de Graco Ramírez envía mensajes por whatsapp a funcionarios que aún laboran en el DIF para presionarlos a que les revelen datos, hechos que, dijo, causan inestabilidad social.
Asimismo, Sanz Rivera dijo que tienen un voto de confianza en que el actual fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, realice las investigaciones y no protega a Graco Ramírez, pues al inicio de su gobierno, Salazar Núñez fungió como consejero jurídico del perredista, aunado a que él propició su designación por nueve años.
"Tengan la seguridad, de que vamos actuar en contra de quienes tengan elementos y llevarlo ante un juez competente", aseguró el fiscal.
