'Estoy con la conciencia tranquila', dice exfuncionario de Sedesol por Estafa Maestra

Simón Pedro de León, exfuncionario de Sedesol (ahora Secretaría de Bienestar), libró este miércoles la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) le hizo como uno de los responsables en la investigación denominada Estafa Maestra.

El exfuncionario federal insistió en su inocencia, y dijo estar con la conciencia tranquila. "Estoy con la conciencia tranquila, ante mi familia y también ante dios", aseguró.

Un juez resolvió no vincularlo a proceso por la supuesta contratación indebida por 124 millones 100 mil pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México que le atribuyó la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que anunció este mismo miércoles que apelará la decisión.

Con este ya son dos los excolaboradores de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que obtienen un veredicto favorable debido que la FGR no aportó los elementos suficientes de prueba en su contra. El otro funcionario es Francisco Javier Báez, exdirector de Programación y Presupuesto de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Del mismo modo, Simón Pedro de León lamentó la imputación de la Auditoría Superior de la Federación, la cual calificó de injusta, arbitraria e ilegal. "En mis 43 años de servidor público nunca he estado en este tipo de salas de audiencia", señaló.

Momentos antes, los agentes del Ministerio Público de la FGR expusieron la acusación en contra del exfuncionario como presunto responsable del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Explicaron que de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público el exservidor público incurrió en irregularidades al suscribir en marzo de 2015 un convenio por el monto y con la institución educativa antes referidos.

El personal de la Fiscalía dijo que dicho convenio, que era para hacer Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica en zonas rurales y urbanas para ubicar a personas en situación de pobreza extrema, no tenía ventajas de ningún tipo, incluído precio, calidad y financiamiento.

Además, acusaron que hubo irregularidades en el cumplimiento del convenio pues no se verificó que la institución educativa tuviera la capacidad técnica, material y humana para realizar la tarea encomendada.

Añadió que al final la universidad terminó siendo intermediaria pues subcontrató a otras empresas para realizar el trabajo, con lo que se violó la Ley.

Tanto la defensa como el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Fernando Payá Ayala, estimaron que el citado convenio no estaba sujeto a la Ley de Adquisiciones, pues la norma no es aplicable a los convenios suscritos entre dependencias de la administración pública federal e instituciones de administraciones locales.

Aseguró que la FGR no aportó los elementos suficientes de prueba, por lo que decidió no vincularlo a proceso como pretendía la Fiscalía.

En un comunicado, la FGR informó que apelará la decisión e insistió en que el exfuncionario no solo incurrió en la irregularidad descrita, sino que no probó el destino de 62 millones 877 mil 192 pesos.