:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/KJDYQ4MQMLR2D4VEPEJFYQRCBY.jpg)
La joven considerada responsable de la muerte de un espectador durante una competencia ilegal de arrancones en Zapopan Jalisco, además de lesiones a otras personas, fue encarcelada este miércoles.
Keila "N", es conocida en redes sociales como #LadyCamaro, por conducir un automóvil que impactó a otros vehículos provocando la muerte de una persona.
Este miércoles fue ingresada al complejo carcelario de Puente Grande tras ser imputada por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, daños en las cosas y abandono de persona.
El juez Quinto de Control y Oralidad, Juan Pablo Dávalos Navarro, determinó la prisión preventiva justificada para la joven de 18 años en consideración a que existe un riesgo de fuga, y podría ausentarse en las próximas 144 horas en que se reanude la audiencia judicial.
La joven huyo tras el percance, registrado el 27 de diciembre pasado en el circuito JVC que bordea el estadio Akron, sede del equipo de futbol Chivas de Guadalajara.
El abogado Joaquín Xaman McGregor, representante de los deudos del fallecido Gerardo Franco, refirió al salir de la audiencia que sus clientes rechazan toda negociación económica.
"Es un hecho tan lastimoso, pero sobre todo, bajo estas circunstancias en que se da, no puede ser tratado como cualquier otro tipo de homicidio culposo. Entonces vamos a esperar a la audiencia del lunes, para la discusión de la vinculación2, dijo.
"Sí quiero hacer una mención especial al fiscal que llevó la audiencia, que lo hizo de manera muy puntual, fue muy claro, y eso abonó para la decisión judicial que hoy se tomó", añadió el abogado.
Por su parte, el abogado defensor, David Ramos, fue enfático al señalar que Keila no conducía el automóvil de su padre, y se quejó de que en la diligencia se desestimaron sus argumentos respecto a que el Ministerio Público no le permitió llegar a un mecanismo alterno de solución de conflictos con las partes afectadas.
También indicó que el juzgador negó que la diligencia fuera cerrada y se hizo pública debido a que nunca se comprobó que ella había recibido amenazas.
"Definitivamente estamos en una dilación constitucional, y no pueden determinar, fiscales y afectados, si si estaba o no, conduciendo; obviamente opera el principio de presunción de inocencia".