CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) no acreditó ni justificó la necesidad de la renta de vehículos en 2016, en un contrato que asciende a 162.6 millones de pesos, advirtió la Contraloría General del órgano electoral.
El contrato que el INE firmó desde el 25 de marzo de 2015 y que tiene vigencia hasta 2018 suma en cuatro años un gasto por 636.8 millones de pesos, pero tiene la posibilidad de ampliarse a 913 millones de pesos, de los cuales, el Órgano Interno de Control revisó lo correspondiente al año pasado, en el que precisa que se identificaron diferentes anomalías.
Para el año pasado se rentaron cerca de mil 500 vehículos; sin embargo, el documento que fue presentado ante el Consejo General puntualizó que "no se localizó documental que acreditara la realización de una detección de necesidades que justificara el número de vehículos considerados en el proyecto de contratación del servicio".
De la revisión del contrato INE/SERV/012/2015 y sus dos convenios modificatorios, suscritos con el proveedor Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., el mismo que tiene contratos con la Cámara de Diputados, cuyos vehículos se identificó que estaban arrumbados, la Contraloría del INE puntualizó que tampoco se acreditó la existencia de un estudio de factibilidad para determinar la conveniencia de esta contratación.
El Órgano Interno de Control, que encabeza Gregorio Guerrero Pozas, aseveró que tampoco existe un diagnóstico sobre las condiciones que presentaban los vehículos propiedad del Instituto, de modo que se justificara que el servicio contratado fuera una mejor opción para atender las necesidades del INE.
Señaló que, por ejemplo, en la revisión de las unidades auditadas, ninguna utilizó servicios como el "Call Center" o el "sistema de Administración y Monitoreo Vía Remota" para la administración de los vehículos, los cuales implicaron un gasto superior a los 13 millones de pesos.
Indicó que en la verificación física también se detectaron casos en los que habiendo recorrido más de 40 mil kilómetros, sus neumáticos no fueron sustituidos conforme a lo dispuesto en el contrato.
La Contraloría General observó que además los enlaces o coordinadores administrativos no vigilaron el cumplimiento del contrato con Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., por lo que no se hicieron valer las condiciones pactadas: "Destaca el elevado costo que representó el disponer de este tipo de servicios, que no significaron un beneficio para el Instituto".
