El juicio de amparo es un preservativo roto, un medio de protección, pero no siempre funciona, comentó Armando Hernández Cruz, exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal.
“Yo coloquialmente en mis clases digo a veces y con mucho respeto digo que el amparo es como un preservativo roto, es un medio de protección, pero no siempre funciona”, dijo el exmagistrado.
El jurista participó en una de las audiencias públicas sobre los cambios a la Ley de Amparo.
“Tuve el honor de asistir como ponente a las Audiencias Públicas sobre el Proyecto de Dictamen respecto de la Minuta de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Amparo, en el salón “Legisladores de la República” de la Cámara de Diputados, para hablar sobre la figura del interés legítimo en la protección de los derechos difusos", publicó en la red social X.
Agregó que la nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación deben actuar para que traten de agilizar, modernizar y simplificar, pero sobre todo de hacer eficaz el juicio de amparo.
“Lo que se tiene que hacer es lograr que esa figura tan noble y tan importante que se creó en el Estado mexicano, que es el juicio de amparo, pueda lograr sus objetivos”, apuntó Hernández.
¿Qué es la Ley de Amparo?
La propuesta de reforma tiene el objetivo agilizar los procesos y evitar que los recursos de amparo sean utilizados por “por quienes quieren evitar la justicia”.
“Los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a los más pobres, a los más necesitados, menos a las mujeres indígenas. ¿Quiénes han abusado? Los que tienen más recursos económicos”, dijo esta semana la mandataria al defender su iniciativa.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum busca reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El amparo es un recurso legal que puede proteger a las personas frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad que resulten en la violación de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, así como en tratados internacionales suscritos por México.
