La falsificación de productos y la piratería afectan la economía nacional, vulneran la seguridad pública, debilitan el Estado de derecho y limitan la innovación, dijo Santiago Nieto, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Durante un foro para conmemorar el Día Nacional de Combate al Contrabando y delitos en materia de Derechos de Autor, Nieto dijo que gracias al desarrollo de estrategias de combate a este delito México cumple sus compromisos del T-MEC y se da respuesta a las denuncias de los sectores productivos del país.
Explicó que en 2024 el Gobierno de México aseguró un millón 846 mil 730 productos de contrabando o piratería, con valor comercial de 42 millones de pesos, un incremento de 85 por ciento respecto a 2023.
Detalló que los productos piratas más decomisados son aparatos eléctricos, juguetes, productos de higiene personal y limpieza, materias primas, envases, contenedores y tabaco.
Alejandro Malagón Barragán, presidente de la CONCAMIN, afirmó que los empresarios son los primeros en reconocer los esfuerzos del gobierno mexicano para frenar el contrabando y el comercio desleal, pero al mismo tiempo son quienes siguen siendo duramente golpeados por el crimen.
Reconoció que el tabaco es de los sectores más afectados por la piratería y contrabando, cuyo mercado ilícito representa 20 por ciento del mercado, problema que podría agravarse si se aumentara la carga fiscal a las cajetillas. “Ojalá podamos frenar este tema del impuesto”, enfatizó.
Al respecto, Gastón Zambrano Margáin, presidente del Consejo Nacional de Industria Tabacalera (CONAINTA), dijo que una de cada cinco cajetillas de tabaco vendidas en México es ilegal, generando una pérdida en la recaudación fiscal de entre 13 mil y 15 mil millones de pesos anuales.
Dijo que estudios oficiales calculan que el comercio ilícito de cigarros en México ha crecido 240 por ciento entre 2017 y 2023, y pasó del 8.5 por ciento al 20.4 por ciento del consumo nacional; y podría llegar al 50 por ciento en el corto plazo.
Asimismo, refirió el estudio “Cigarros ilegales y crimen organizado”, realizado este año por el Colegio Mexicano, el cual, dijo, confirma la existencia de vínculos de distribución de cigarros ilegales con organizaciones del crimen organizado.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), agregó que los delitos que atentan contra la propiedad industrial son un foco rojo de violencia.
“Donde hay contrabando, piratería, extorsión, robo a transporte de carga, hay muchos otros delitos que se gestan; los grupos delictivos asociados a estos ilícitos construyen redes de corrupción que les permiten mantener vigente su actividad criminal”, señaló.
Destacó que la conjunción entre ilícitos, corrupción, impunidad, es el factor fundamental que mantiene vigente la actual crisis de violencia en el país.
