Luego de que el diputado Armando Corona Arvizu, de Morena, presentara una iniciativa que generó controversia y fuera llamada ‘Ley Antistickers’, el legislador del Estado de México cambió de opinión y aseguró que la propuesta será modificada para evitar posibles censuras de memes y caricaturas políticas.
Este lunes, luego de ser cuestionado por su polémica iniciativa, Corona Arvizu intentó explicar, sin ser claro ni poder desarrollar bien la idea, que nunca fue la intención incluir en la propuesta que hubiera un castigo penal contra quienes generen memes o imágenes de inteligencia artificial como parte de la sátira política.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el legislador indicó que la propuesta ahora se enfocará en combatir imágenes deepfakes que atenten contra las personas, principalmente mujeres.
“En varios foros nos encontramos con jóvenes, con mujeres que traían un tema de violentar su persona por medio de la inteligencia artificial. Me he encontrado con muchos casos de mujeres que han sido ridiculizadas, victimizadas, donde hacen imágenes sexuales inclusive de ellas”, dijo el diputado, quien tiene cerrado su perfil de X.
Al ser cuestionado sobre si su propuesta no se encuentra ya en diversas legislaciones como la Ley Olimpia, Armando Corona resaltó que se buscará dar más garantías, principalmente por el tema de inteligencia artificial, y que será retirada toda mención de servidores públicos.
“Lo que generó conflicto fue servidores públicos, lo metimos porque entendemos de la magnitud que tiene la voz de un servidor público. Cuando sacamos la iniciativa recibí mensajes que estábamos buscando censurar, por eso comenté que para que no existiera más controversia que desapareciéramos totalmente servidores públicos.
“Vamos a regular que sea contenido violento, peligroso, en la Ley Olimpia está un poco este tema. Se buscaba protección a las personas vulnerables y necesitamos ir con la tecnología de la mano”, señaló el legislador.
¿De qué trata la iniciativa de Ley ‘Antistickers’?
La propuesta inicial que presentó Armando Corona Arvizu refiere que habría una sanción de tres a seis años de cárcel y multas de hasta 600 días de salario mínimo a quien manipule y difunda contenidos digitales sin consentimiento del otro.
La polémica fue porque en un párrafo se resalta que la sanción se incrementaría la mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, servidor público en funciones, o si la difusión se realiza de forma masiva en redes sociales y plataformas digitales.
El documento señala que la sanción también será más severa si el contenido difundido causó un impacto comprobable en la vida personal, laboral y psicológica de la víctima.
