Solo con la mayoría de Morena y sus aliados, y los votos en contra y en abstención de la oposición, la Cámara de Diputados culminó el diseño de la artillería legal para combatir el lavado de dinero en México.
Con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, los diputados federales aprobaron reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y al artículo 400 bis del Código Penal Federal, mismas que enviaron al Ejecutivo para su entrada en vigor de inmediato.
¿Qué críticas hicieron en la oposición?
En medio de fuertes críticas del PRI, PAN y MC por sus riesgos en el uso de los datos personales de los ciudadanos, la participación de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad en las labores de investigación y de “hostigamiento” y la excesiva sobrerregulación, se concluyó la nueva ley que endurece las medidas contra el manejo de recursos financieros ilícitos, las operaciones de compra de inmuebles, joyas y depósitos en tarjetas de crédito y débito.
Entre duras acusaciones del diputado panista Saúl Téllez a los gobiernos de Morena “por el bochornoso escándalo del lavado de dinero que se metió hasta la cocina de la Oficina de la Presidencia de la República, en el gobierno del expresidente López Obrador, en la persona de Alfonso Romo y su empresa financiera Vector”, en la nueva legislación se incorporan nuevas actividades vulnerables, entre ellas el desarrollo inmobiliario, activos virtuales, fideicomisos y la precisión de obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración en el combate al lavado de dinero.
Se incluyen también definiciones como las de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, beneficiario controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, financiamiento al terrorismo, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo, entre otras.
Estas reformas introducen cambios significativos en la responsabilidad penal y el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El priista Christian Castro cuestionó desde la tribuna: “¿Cuando se lavaba el dinero a través de Vector, a dónde estaban o qué hacía la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)?”.
Y se respondió a sí mismo: “Hay que dejar ya de proteger al expresidente López Obrador y mejor ayudar a su presidenta Claudia Sheinbaum”.
La legislación establece mecanismos para vigilar y reportar operaciones sospechosas de personas físicas o empresas, así como de fideicomisos. No obstante, la legisladora de MC, Iraís Reyes, expuso en tribuna que, aunque estas reformas son necesarias, las atribuciones a las autoridades no tienen contrapesos ni métodos de rendición de cuentas.
El panista César Rendón advirtió que hay dudas sobre los mecanismos para establecer sanciones, plazos para reportar operaciones riesgosas y faltan medidas para capacitar a la población sobre los nuevos requerimientos de la ley.
De Morena, el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, expresó que esta reforma “fortalece el combate contra el lavado de dinero, al hacer más robusto el marco que lo regula, fortaleciendo las instituciones que intervienen, haciendo más eficaces y transparentes los procedimientos y, sobre todo, capacitando a las personas físicas y morales que intervienen en este tipo de operaciones”.
Añadió que “este delito no sólo enriquece a los criminales, también alimenta la corrupción, el tráfico de armas y fomenta otras formas de violencia e impunidad. Esta reforma actualiza dos leyes clave: la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones y Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal”, explicó.
