Derivado de un informe especial realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) conocía el riesgo que representaban las tomas clandestinas en la comunidad de San Primitivo, Tlahuelilpan, antes de la explosión ocurrida el 18 de enero de 2019, que dejó como saldo 138 decesos.
En este informe especial presentado seis años después por la CNDH, atribuye la tragedia a omisiones por parte de Petróleos Mexicanos, al no tomarse medidas para mitigar los peligros derivados del almacenamiento y transporte de hidrocarburos.
Pemex, según el documento, no aplicó protocolos de prevención, además de no atender los lineamientos de diligencia que exigen la legislación nacional en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Tecnología de Pemex es obsoleta para detectar tomas clandestinas
El documento presentado el pasado 22 de junio, acusa a la empresa estatal de operar con sistemas deteriorados y tecnología obsoleta, insuficiente para detectar y atender de manera oportuna las tomas clandestinas de hidrocarburos.
En la evaluación se detectó que el gasto público derivado de la emergencia superó los 85 millones de pesos. A pesar de ello, no se identifican medidas específicas de Petróleos Mexicanos orientadas a reparar daños materiales, sociales o ambientales y las personas lesionadas, así como las familias afectadas no cuentan con un mecanismo de atención integral.
La CNDH exigió a la paraestatal coordinarse con las dependencias federales, el gobierno de Hidalgo y el municipio de Tlahuelilpan para establecer un programa de remediación, que debe integrar la participación de la población local y contemplar medidas que garanticen la memoria de las víctimas, así como acciones para recuperar la zona afectada.
El informe también indicó que el Estado Mexicano incumplió su deber de proteger los derechos humanos, por la falta de atención a las víctimas, la inacción frente a un riesgo previsible y la ausencia de un plan de recuperación del suelo representan, que de acuerdo a la CNDH representa un patrón de negligencia institucional que mantiene a las comunidades en el abandono.
La CNDH también dio a conocer que Pemex ha priorizado la clausura de tomas irregulares sin adoptar medidas preventivas efectivas frente al creciente fenómeno del huachicoleo a nivel estatal y también está obligada a prevenir accidentes además de garantizar los derechos humanos.
La CNDH determinó la apertura del expediente de queja en el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, al igual que lo ha hecho en otras ocasiones, en atención a su trascendencia e impacto social, debido al elevado número de personas que perdieron la vida y resultaron heridas en los hechos, así como a las circunstancias en que se habrían desarrollado los mismos, conforme a la información difundida por diversos medios de comunicación, la cual daría algún tipo de participación, directa o indirecta, a autoridades federales, estatales y municipales.
