La familia Weinberg, cuyos miembros fueron socios de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, llegó a un acuerdo para que el gobierno de México se desista voluntariamente del juicio civil que inició en 2021 en su contra, ante una Corte de Miami, Florida, Estados Unidos.
Con dicho juicio, el gobierno mexicano pretendía recuperar más de cinco mil millones de pesos provenientes de al menos 10 contratos públicos, irregulares, entregados entre 2006 y 2018, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a la familia Weinberg.
Según un informe presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade se alcanzó el acuerdo por lo que pidieron desechar la demanda.
“Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, explica el escrito presentado y firmado de manera conjunta por las partes.
Será la jueza Lisa Walsh, quien determine si acepta la solicitud para desechar la demanda y, en su caso, sólo mantendría la jurisdicción sobre el caso para vigilar el cumplimiento del acuerdo.
La UIF se pronunció ayer sobre el tema y dijo que, en caso de incumplimiento del acuerdo alcanzado, el gobierno de México puede reactivar el juicio en contra de los miembros de la familia Weinberg.
“De no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado mexicano podría presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta la sentencia”, puntualizó.
De acuerdo con la UIF, no se afecta la sentencia que en días pasados se dictó contra Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra, a quienes se condenó al pago conjunto de dos mil 488 millones de pesos.
“El retiro voluntario de la acción no afectaría a la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”.
Según los registros oficiales, los Weinberg buscan convertirse en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República, como parte de un criterio de oportunidad que les permitiría librar cargos penales.
No obstante, Gregorio Salazar Hernández, juez de control, aplazó las comparecencias de Mauricio Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, como parte del procedimiento para la obtención de dicho criterio de oportunidad.
