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Un Tribunal de Circuito ratificó la procedencia de una suspensión de plano a favor de la cooperativa La Cruz Azul, que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reinstalar el servicio de energía eléctrica en la planta productora de la cementera, en Tula Hidalgo.
La ciudad Cruz Azul, que incluye la planta productora de la cementera, está por cumplir 60 días sin luz.
El Tribunal dijo que la suspensión de plano debe prevalecer hasta en tanto un Juez de Amparo no subsane algunas deficiencias relativas al juicio de amparo promovido por los Cooperativistas contra actos de la CFE, consistentes en el corte del servicio.
En principio, el Juez Cuarto de Distrito en Hidalgo estimó que el corte que se concretó el 17 de agosto pasado no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no se trata de un hecho que afecte derechos fundamentales de los cooperativistas.
Y es que dijo que el corte no fue un acto unilateral de CFE, sino que derivó de una solicitud expresa de una de las dos partes que disputan el control de cooperativa La Cruz Azul.
Recordó que en la demanda de amparo una de las partes que disputan La Cruz Azul presentó documentos en los que se corrobora que solicitó a la CFE interrumpiera el servicio de energía eléctrica en la planta de producción de cemento, ubicada en Tula, por 30 días, para el mantenimiento de diversos equipos, entre ellos, su subestación eléctrica.
La solicitud, dijo el juez, advierte que el corte es con efecto de garantizar la operación correcta de los equipos y para la seguridad de los que trabajan dentro de la planta.
Por ello, determinó la improcedencia del juicio de amparo y revocó una suspensión de plano que se había concedió.
No obstante, en la revisión, el Tribunal decidió revocar la decisión del Juez y dijo que se debe mantener la suspensión de plano cuyo efecto era que no se cortara el servicio de energía eléctrica, o bien se reconectara.
Trabajadores de la cooperativa acusan que, pese a las resoluciones judiciales, la CFE se ha negado a la reinstalación del servicio de suministro de energía en la planta cementera, ubicada en Tula, Hidalgo, y con ello a evitar que se siga incrementando las pérdidas estimadas en unos 800 millones de pesos.
“En estos dos meses los recursos jurídicos ante jueces y magistrados federales han dado la razón a los trabajadores de la planta”, aseguran los cooperativistas.
Considera que se trata de un acto de impunidad y desacato a resoluciones judiciales.
“Aquí hay tráfico de influencias por parte de un grupo representado por Víctor Manuel Velázquez y su abogado Rafael Ansurez, quien es hijo del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Ansurez Uribe”, señalaron en entrevista.
Consideraron que de incumplir este ordenamiento único y definitivo de la justicia federal, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, podría enfrentar una causa penal por desacato.
Dijeron que al no tercer servicio de energía eléctrica la Ciudad Cruz Azul se ha trastornado, ya que han padecido enfermedades, carencias económicas, dificultad para cumplir con compromisos económicos y algunos sin la posibilidad de que sus hijos asistan a la escuela.
Además, agregado, “se mantiene el asedio del bloque opositor dirigido desde Ciudad de México y con el tráfico de influencias que representa su equipo jurídico”.
Filamento, reprocharon que ninguna autoridad, federal, estatal o municipal, se ha pronunciado por este caso y menos aún se han preocupado por el bienestar de la fuerza laboral y sus familias.