El jurista Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el caciquismo “no está desterrado” y afirmó que el “hiperpresidencialismo es inadmisible”.
Explicó que “el hiperpresidencialismo mexicano viene desde 1917, (y) fue explicable en su momento, pero es inadmisible en el nuestro”.
“Es necesario pensar en los efectos locales que puede tener dentro de nuestro propio país esta retórica y esta ofensiva al sistema judicial, porque el caciquismo no ha sido desterrado de nuestro país”, indicó.
Recomendó que “se debe pensar hacia el futuro, revisar el procedimiento legislativo sobre las reservas que se presentan sobre una reforma al Poder Judicial, lo cual puede determinar el Congreso en su propia ley, porque este sistema que se tiene del desechamiento de las reservas, sin que haya ninguna deliberación ni justificación, da lugar a que tengamos episodios como el que se está teniendo sobre este tema”, precisó.
Durante un seminario sobre la autonomía del Poder Judicial, organizado por la Cámara de Diputados, el ministro de la Suprema Corte en retiro, José Ramón Cossío Díaz, expresó que “la democracia no puede eliminar a los contrincantes políticos ni puede eliminar a las minorías”.
Destacó que “los jueces constitucionales tienen que mantener una lógica propia y de salvaguarda exclusiva de la Constitución o de las reglas del juego democrático; lo que no pueden hacer es subordinarse o identificarse con el proceso político que está dando su dinámica a la democracia”
“La autonomía judicial es una precondición del ejercicio democrático y perder la autonomía de los órganos jurisdiccionales o la independencia de sus miembros, es un anticipo a un descarrilamiento a las funciones ordinarias de la propia democracia”.
Planteó que la reforma al Artículo Décimo Tercero Transitorio “es una norma claramente anticonstitucional” y añadió que el ejercicio democrático que mayoritariamente se hizo en las cámaras de Diputados y Senadores para introducir dicho artículo “lastima la autonomía del Poder Judicial de la Federación, porque es el Presidente de la República quien determina la duración del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN)”.
“Al ser el líder político y moral de esas mayorías, sí hay una indebida intromisión”, alertó.
Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, sostuvo que la reforma al Poder Judicial es una violación sumamente grave a la Constitución.
“Los ciudadanos debemos contar con la garantía de que los jueces, federales y locales, actúen con independencia, autonomía y libertad”, dijo.
La división de poderes obedece a un tema de contrapesos, el cual se está pretendiendo diluir, comentó.
“Los mensajes que se reciben por parte del Ejecutivo son preocupantes porque se amenaza a los jueces y abogados para cumplir con sus tareas, mandando una señal equivocada que pone en tela de juicio la independencia de la Suprema Corte”, apuntó.
Manifestó que “es preocupante y delicada la situación que enfrentan los jueces, pues los fundamentos del Estado de derecho están cimentados en el respeto, la protección de los derechos humanos y la división de poderes”.
