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BUENOS AIRES.- La policía argentina allanaba este viernes por pedido de la justicia una tercera vivienda de la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una trama de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener obras públicas.
Más de una docena de miembros de la policía federal ingresaron al predio donde está la casa que Fernández de Kirchner tiene en la localidad de El Calafate, en la sureña provincia de Santa Cruz, tal como se apreció en imágenes de canales de televisión.
Los efectivos llegaron al lugar en varias camionetas en las que también trasladaban perros ante la mirada de decenas de seguidores de la senadora opositora y periodistas apostados en la cerca de entrada.
Fernández de Kirchner, de 65 años, puede ser investigada -lo que conlleva procedimientos como el del allanamiento- y juzgada pero no detenida en virtud de sus fueros parlamentarios.
En caso de que la justicia solicitara su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
La víspera fueron allanados otra casa de Fernández de Kirchner situada en Santa Cruz y un departamento que se encuentra en la capital que -según el relato de un arrepentido en la investigación del juez federal Claudio Bonadío- fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).
Por su condición de senadora el juez pidió hace varias semanas al Senado autorización para allanar las tres propiedades de Fernández de Kirchner bajo la sospecha de que en esos lugares la exmandataria podría haber ocultado parte del dinero proveniente de los sobornos.
La cámara alta autorizó el miércoles la inspección. Los 67 senadores presentes en el recinto votaron a favor, entre ellos la propia exmandataria, quien había aceptado la medida aunque con condiciones que finalmente fueron desechadas por los legisladores. La cámara alta sólo especificó que los procedimientos deben guardar "decoro" y "tutelar las garantías constitucionales", especialmente el derecho a la intimidad.