Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alertar sobre los daños del consumo de tabaco. No obstante, en el contexto mexicano, el foco ha girado hacia los dispositivos de vapeo, los cuales, aunque concebidos como herramientas de reducción de daño, se han convertido en el núcleo de una crisis compleja derivada de políticas prohibicionistas.
Desde la entrada en vigor de estas restricciones, el comercio ilegal de vapeadores ha crecido exponencialmente. Según estimaciones del Colegio de México, esta economía paralela ya representa un valor anual de 26,316 millones de pesos. Lo que inicialmente se planteó como una estrategia para preservar la salud pública ha desembocado en un entorno caótico que ha abierto nuevas oportunidades al crimen organizado.
Marcela Madrazo, presidenta de la organización Procurando Salud Sin Fronteras, advierte que esta política ha obstaculizado el acceso a alternativas menos perjudiciales para quienes desean dejar de fumar. Al no existir un marco regulado para la venta de estos dispositivos, la calidad y seguridad de los productos quedan fuera del control de las autoridades sanitarias, lo que incrementa los riesgos para los consumidores en lugar de reducirlos.
Oscar Balmen, experto en estructuras criminales, señala que los principales cárteles del país ya han incorporado este negocio a sus operaciones. Desde los Chapitos en Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco, hasta el Cártel del Golfo en Tamaulipas y la Nueva Familia Michoacana en el Estado de México, la distribución ilegal de vapeadores se ha convertido en una fuente adicional de financiamiento para actividades delictivas como la adquisición de armas y el pago a sicarios. Casos documentados de violencia, secuestros y homicidios en zonas como Tepito evidencian que este comercio ilícito dista mucho de ser un tema menor.
Aldo Contró, activista y presidente de CE Libre, llama la atención sobre los sectores más impactados por esta prohibición: jóvenes y fumadores en proceso de cesación. Diversos estudios internacionales han demostrado que los menores tienen mayor acceso a productos no regulados que a aquellos con supervisión oficial. Asimismo, los fumadores que buscan transitar hacia opciones menos dañinas se enfrentan a una encrucijada: regresar al tabaco tradicional o acudir al mercado negro.
Las cifras son elocuentes. La prevalencia del tabaquismo en México aumentó de 16.8 % en 2020 a 19.6 % en 2025. Es decir, la medida ha resultado contraproducente. Mientras países como Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia han logrado disminuir el consumo de nicotina a través de políticas regulatorias basadas en evidencia, México apostó por una prohibición que ha generado vacíos legales y propiciado abusos de autoridad, extorsiones e impunidad.
A esto se suma el impacto fiscal: se estima que el Estado pierde anualmente más de 7 mil millones de pesos por concepto de impuestos no recaudados. Recursos que podrían destinarse a programas de prevención, atención médica y educación, pero que hoy alimentan las arcas del crimen.
La falta de voluntad política para corregir el rumbo mantiene la situación en un punto muerto. Aunque legisladores han manifestado interés en impulsar una regulación sensata, el escenario legislativo sigue siendo incierto.
En síntesis, la prohibición de los vapeadores en México no ha logrado disminuir el consumo de nicotina; al contrario, ha propiciado un mercado opaco, riesgoso y sin control. Como demuestra la experiencia internacional, solo una política pública bien estructurada, basada en datos científicos y principios de salud, puede revertir esta tendencia. Persistir en el enfoque actual es, en los hechos, entregar el control de la salud y de una parte significativa de la economía nacional a manos del crimen organizado.