A un año de ser elegido como Gobernador del Estado de Nuevo León, y en medio de un creciente malestar social entre los ciudadanos; la administración de Jaime Rodríguez Calderón anunció, en voz del subprocurador anticorrupción Ernesto Canales, la realización de una investigación y el embargo precautorio de bienes en contra del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, ex integrantes de su gabinete y varios empresarios de la entidad.
Los tiempos para anunciar la ejecución de estas decisiones fueron extraordinarias desde diferentes perspectivas. En primer lugar, el anuncio se dio a conocer dos días antes de las elecciones en 14 entidades del país, de las cuales en 12 estados de la República renovaron los tres poderes locales y en la que existían algunas candidaturas independientes como la de José Luis Barraza en Chihuahua, lo que podríamos entender como un intento de darle oxígeno a las candidaturas independientes que buscaban repetir la hazaña de Rodríguez Calderón en nuestra entidad.
En segundo lugar, es evidente que, a un año de haber sido elegido como Gobernador del Estado, la administración de Rodríguez Calderón enfrenta rezagos en las mismas áreas de oportunidad, como la seguridad, la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones; que en su momento señaló y criticó como candidato a la gubernatura del estado.
Y como ya hemos señalado, posiblemente una de las promesas de campaña que resultó más atractiva del proyecto de Rodríguez Calderón fue la promesa de meter a la cárcel a Rodrigo Medina.
En tercer lugar, la acción de comunicar a los ciudadanos de Nuevo León sobre las investigaciones en curso, el embargo precautorio y, sobre todo, oficializar a la ciudad y al mundo de lo que se está haciendo (no lo que ya se culminó) generan cierto sospechosismo entre los ciudadanos de la entidad. Como gobierno del estado, resultaría más eficiente si la actual administración realizara acciones concretas con pruebas irrefutables que permitan actuar conforme al Estado de Derecho en México.
Es posible que Jaime Rodríguez, junto con el grupo político y económico que lo apoya; haya decidido implementar una estrategia que le permita reposicionar su administración en el ánimo de los ciudadanos neoloneses que están ávidos de resultados y acciones concretas.
Pero no solamente buscaría reconquistar el corazón y la mente de los habitantes del Estado, sino que, además, estas acciones, enmarcadas en el complejo ajedrez político nacional; lo posicionarían como un precandidato "independiente" natural a la Presidencia de la República.
En política, los tiempos son cruciales. Los resultados de las elecciones en 14 entidades de la república han dejado un claro mensaje en contra del status quo que representan las formas políticas que un sector del PRI privilegió como costumbre.
La victoria del PAN en estados como Chihuahua, con Javier Corral; y en alianza con el PRD en Veracruz con Miguel Ángel Yunes Linares y en Quintana Roo con Carlos Joaquín González, representan un claro mensaje de que la ciudadanía está buscando proyectos alternativos de gobierno que sean transparentes, eficientes y apegadas al Estado de Derecho.
Rodríguez Calderón sabe que solamente tiene este año y el 2017 para posicionarse como el candidato "independiente" indiscutible. Bajo esta lectura, desconocemos si jalará para hacer la diferencia en Nuevo León o con la visión puesta en el 2018.
* El autor es politólogo por el Tecnológico de Monterrey; consultor político de la firma internacional Global Nexus y cursa sus estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin.
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