Estos días todos los medios de comunicación y las redes sociales han abocado su atención a las elecciones que se llevarán a cabo este primero de junio lo cual representa un hecho inédito en la historia de nuestro país, sin embargo y en breve ¿de qué estamos hablando?
Las elecciones del próximo domingo, conocidas oficialmente como Proceso Electoral Federal Extraordinario 2024-2025 marcan un cambio paradigmático en la forma en que se designarán jueces magistrados y ministros ya que, hasta la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, el presidente de la República tenía la facultad de nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la ratificación del Senado y ahora se ha generado la falacia de que serán elegidos todos los cargos por la ciudadanía.
En la jornada electoral del próximo domingo se elegirán 9 personas para ocupar los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 para las magistraturas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito tal y como lo consigna la página oficial del Instituto Nacional Electoral.
El discurso oficial del gobierno de México destaca que este proceso adquiere gran relevancia ya que es la primera vez en las que se elegirá al poder judicial con la participación ciudadana lo que dará legitimidad a sus integrantes ya que de esta manera se democratiza el poder judicial al ser el pueblo de México el que decidirá quienes ocuparán estos cargos.
La transparencia y la legitimidad son junto a la paridad de género otros elementos que supuestamente fortalecerán a este poder lo que garantizará una mejor impartición de justicia haciéndola más pronta, expedita y cercana al pueblo sin olvidar que al promover la paridad de género se espera que, al menos, la mitad de las candidaturas correspondan a mujeres y no solo eso, sino que la Suprema Corte y otros órganos judiciales tengan mayoría femenina por primera vez en su historia.
Claudia Sheinbaum ha destacado que esta elección es un ejemplo mundial de democracia pues son muy pocos los países que permiten que el pueblo elija a sus jueces y magistrados de manera directa. En realidad no son pocos los países donde la elección de jueces y magistrados sean de elección popular, ya que según datos oficiales y análisis de organismos internacionales y medios especializados solo Bolivia lleva a cabo elecciones de esta naturaleza lo cual se dio a partir de la reforma constitucional del 2009 impulsada por el entonces presidente Evo Morales y su gobierno a través del Movimiento al Socialismo (MAS) que promovió la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución y posteriormente las reformas para el poder judicial siendo los candidatos preseleccionados por una nueva Asamblea Legislativa antes de ser sometidos al voto ciudadano.
Sin lugar a dudas estas elecciones representan un hecho inédito y de gran trascendencia histórica ya que aunque el discurso oficial sostenga que la ciudadanía elegirá de manera directa a los integrantes del poder judicial de la federación lo cierto es que este proceso adolece de muchas irregularidades, anomalías y violaciones a la ley entre las que destacan: falta de transparencia y certeza en el proceso ya que se carece de condiciones básicas de transparencia y equidad, lo que se acompaña por la desinformación ciudadana, la mecánica de votación, el acceso a los perfiles de los candidatos, y las irregularidades en la integración de las listas ya que se han documentado perfiles con presuntos vínculos con cárteles de la droga, con grupos delictivos e incluso con antecedentes judiciales en México y otros países como es el caso del candidato que purgó una condena de más 5 años en una prisión en Estados Unidos.
Se han señalado diversas irregularidades en la selección y registro de candidaturas, se ha documentado y denunciado el uso indebido de recursos públicos, obstáculos y deficiencias logísticas, manipulación y presión sobre el electorado además de una probada falta de garantías en el conteo y publicación de resultados que se acompañan con delitos electorales por diversas acciones de algunos de los candidatos que han llevado a cabo campañas incluso más allá de las fronteras nacionales como lo evidenciaron diversos vídeos relacionados con el accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York, y más recientemente los llamados acordeones todo lo cual hace dudar aún más de este proceso electoral. ¿Voto masivo, votos anulados, abstencionismo electoral? Lo cierto es que en sólo unos días seremos testigos de un golpe más a la democracia nacional y a la tan necesaria división de poderes.
La autora es Doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Asuntos Globales y Política Internacional. Profesora investigadora de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.