De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios totales en el primer trimestre de este 2025 disminuyeron un 4.20 por ciento respecto al primer trimestre del 2024, al pasar de 10,381 a 9,944 a nivel nacional.
Sin embargo, en el estado de Sinaloa, los homicidios totales se incrementaron un 53.7 por ciento, en el mismo periodo; pero lo más alarmante es que los homicidios culposos en Sinaloa crecieron un 166 por ciento entre el primer trimestre del 2025 respecto al mismo periodo del 2024.
Incluso, los homicidios culposos, a nivel nacional, también decrecieron más de un 6 por ciento. Es evidente que las cosas están lejos de resolverse en el estado de Sinaloa.
Hace unos días alguien me comentaba que un dato que no ha sido realmente “nota” a nivel nacional, es que en la ciudad de Culiacán se han incrementado sustancialmente los robos de vehículos.
Al parecer, los delincuentes roban autos para cometer los delitos. Con ese comentario, me puse a buscar lo datos de robos de vehículos también en los reportes del SESNSP, y es muy significativa la información encontrada. De acuerdo con los datos de incidencia delictiva de la página del SESNSP en el primer trimestre del 2024 se robaron en Sinaloa 736 vehículos, en este primer trimestre del 2025 se registran 1,701 robos de vehículos, esto es un 131 por ciento de incremento. Mientras que, a nivel nacional, este tipo de delitos también se redujo un 5.7 por ciento.
Con estos datos, mi interés siguió creciendo sobre esta relación entre robo de vehículos y homicidios dolosos, y me puse a comparar estas dos variables usando tasas por cada 100 mil habitantes para cada uno de los estados del país desde el 2021 al 2024.
El resultado es interesante pues existe una correlación positiva mayor al 21 por ciento entre estas dos variables, es decir, el comportamiento a través del tiempo de estas dos variables en los estados del país está positivamente correlacionada, si una crece la otra también.
Regresando al caso de Sinaloa, en todo el 2023 la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes fue de 111.82 y para el 2024 fue de 116.39, pero la tasa de homicidios dolosos en el 2023 fue de 15.29 y para el 2024 se incrementó a 24.84.
El estado de Baja California tuvo la tasa de robos de vehículos más alta en el 2024 con 287 por cada 100 mil habitantes, y tuvo la tercera tasa de homicidios más alta en el país con 55 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
El estado de Morelos, en el 2024, tuvo la segunda tasa más alta de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes con 246 y, también tuvo la segunda tasa de homicidios dolosos más alta en el país con 62.6, solo por debajo de Colima que tuvo una tasa de 90.7 homicidios dolosos.
Este tema por sí solo no deja de ser interesante, pero resulta ser de gran relevancia cuando analizamos con mayor detalle la dinámica delictiva en nuestras ciudades, porque es en nuestras ciudades en donde se gestan las condiciones para que la delincuencia se entrelace con el tejido social, y al hacerlo, se hace casi imposible combatirlo.
¿Estamos haciendo algo realmente para evitar que el crimen crezca en nuestras ciudades? ¿Qué debemos hacer para que los jóvenes vean otras alternativas con mayor interés y aprecio, en vez de iniciar una carrera corta y mortal en la ilegalidad?
En la publicación más reciente del INEGI de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal de México, que es del 2023 pero con datos del 2022, se muestra que del total de delitos con causa penal ingresados en el 2022, el 2.3 por ciento fue cometido por jóvenes, de ese total de jóvenes, el 40 por ciento tienen entre 12 y 17 años, un 47 por ciento tienen entre 18 y 22 años, y el resto tiene más de 23 años. Del total de jóvenes recluidos el 89 por ciento son hombres.
Es realmente preocupante que 2 de cada 5 jóvenes recluidos en el sistema penitenciario en México sean menores de 17 años; además, ese dato creció del 2017 al 2022, al pasar de 35.6 a 40 por ciento.
Pregunta casi obvia ¿cada vez más jóvenes se integran a las filas de la criminalidad? En este estudio también se enlistan algunos factores que llaman de riesgo, por ejemplo, el 83.5 por ciento de los jóvenes encuestados dijo que en su casa había consumo frecuente de alcohol por su padre o tutor; un 32 por ciento dijo que su padre o tutor se encontraba recluido en un centro penitenciario y un 34 por ciento dijo que antes de haber sido arrestado, había abandonado su hogar.
Es decir, al menos 1 de cada 3 jóvenes recluidos en el sistema penitenciario vienen de hogares disfuncionales y con altos factores de riesgo.
Otro dato sumamente interesante que puede dar pistas sobre los factores de riesgo en los jóvenes es que el 21 por ciento dijo que su primer delito fue robo en general, y otro 15 por ciento de los jóvenes dijo que su primer delito había sido violación sexual.
De aquellos que dijeron que el robo había sido su primer delito, el robo de vehículo fue el segundo tipo de delito más común entre los jóvenes. Y tristemente casi un 9 por ciento de los jóvenes recluidos en el 2022 dijo haber sido ya procesado con anterioridad.
Una pregunta que debemos hacernos es ¿por qué delinquen los jóvenes? ¿será que no tienen otras alternativas? ¿será que les es más atractivo que cualquier otra alternativa? ¿será que tienen “normalizado” la cultura del delito en su microambiente social? ¿será que los obligan? Evidentemente yo no tengo la respuesta, pero creo que si queremos reducir el riesgo de que nuestras y nuestros jóvenes inicien “una carrera criminal” debemos asegurarnos de que al menos haya dos condiciones.
Primera condición. Crear contextos alternativos para que los jóvenes en condiciones de riesgo, desde temprana edad, visualicen un futuro diferente al que la inercia los llevaría de no hacer nada diferente.
Creo que para lograr esto se requiere de un esfuerzo importante de diferentes actores de la sociedad tanto público como privada, desde la educación, actividades deportivas y sociales, desarrollo de habilidades prácticas que se conviertan en capacidades productivas en su futuro.
Segunda condición. Que no haya duda de que el Estado de Derecho funciona y se aplica la Ley. Esto quiere decir que, “si la haces la pagas”. Si no se puede cambiar la realidad en la que nacen muchos jóvenes, la aplicación de la ley debería de ser suficientemente disuasiva para reducir la atractividad de vivir en la criminalidad.
Como nos podemos imaginar, tenemos un grave problema en nuestro país, pues creo que no hay una estrategia clara para prevenir que nuevas generaciones de jóvenes vean con diferentes ojos la posibilidad de introducirse en el mundo de la delincuencia, y por otro lado tampoco tenemos un Estado de Derecho que desincentive la delincuencia generalizada.
Es imperativo que cualquier estrategia que se desee implementar haya sido diseñada de manera tal que haya una coordinación efectiva de los actores relevantes en nuestras ciudades, ningún nivel de gobierno por sí solo podrá tener éxito si no coordina esfuerzos en lo local y con la sociedad civil organizada.
