A pesar de su relevancia, muchas empresas en México no le dan la importancia debida a la responsabilidad penal de las personas morales —que puede llevar, inclusive, a que dejen de operar compañías—, así lo consideró Gerardo Montemayor de la Garza, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Monterrey y del Bufete Castro Pizaña.
“El mundo ha evolucionado, y también lo ha hecho la forma en que las empresas se exponen a riesgos legales”, indicó Montemayor.
El objetivo es evitar que estas conductas se repitan, ya que la penalización no solo afecta a los individuos, sino a las mismas empresas, poniendo en riesgo su viabilidad”.
En Nuevo León (NL), por ejemplo, una reforma reciente al Código Penal Estatal establece que las empresas pueden ser liquidadas si se demuestra que están involucradas en actividades ilícitas, un castigo que Montemayor calificó como “la pena de muerte” para una persona moral.
Ante estos riesgos, el socio del IMEF Monterrey sugirió que las empresas deben establecer programas de cumplimiento robustos que no sólo respondan a las leyes nacionales, sino que también estatales y que se alineen con las mejores prácticas internacionales.
“Es vital realizar una debida diligencia con los clientes, socios y empleados para evitar que la empresa se vea involucrada en actividades ilícitas, lo cual puede tener consecuencias devastadoras”, dijo en un evento realizado por el IMEF.
El directivo destacó algunos de los delitos federales más relevantes que pueden implicar la responsabilidad penal de las empresas, tales como el financiamiento del terrorismo, corrupción de menores, cohecho, fraude y tráfico de influencias.
Recordó que uno de los puntos de partida clave fue la Convención de la OCDE para combatir el soborno.
Añadió que en México, la responsabilidad penal de las personas morales ha comenzado a tomar mayor relevancia, especialmente después de las reformas al Código Penal Federal y a las legislaciones locales.A pesar de su relevancia, muchas empresas en México no le dan la importancia debida a la responsabilidad penal de las personas morales —que puede llevar, inclusive, a que dejen de operar compañías—, así lo consideró Gerardo Montemayor de la Garza, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Monterrey y del Bufete Castro Pizaña.
“El mundo ha evolucionado, y también lo ha hecho la forma en que las empresas se exponen a riesgos legales”, indicó Montemayor.
El objetivo es evitar que estas conductas se repitan, ya que la penalización no solo afecta a los individuos, sino a las mismas empresas, poniendo en riesgo su viabilidad”.
En Nuevo León (NL), por ejemplo, una reforma reciente al Código Penal Estatal establece que las empresas pueden ser liquidadas si se demuestra que están involucradas en actividades ilícitas, un castigo que Montemayor calificó como “la pena de muerte” para una persona moral.
Ante estos riesgos, el socio del IMEF Monterrey sugirió que las empresas deben establecer programas de cumplimiento robustos que no sólo respondan a las leyes nacionales, sino que también estatales y que se alineen con las mejores prácticas internacionales.
“Es vital realizar una debida diligencia con los clientes, socios y empleados para evitar que la empresa se vea involucrada en actividades ilícitas, lo cual puede tener consecuencias devastadoras”, dijo en un evento realizado por el IMEF.
El directivo destacó algunos de los delitos federales más relevantes que pueden implicar la responsabilidad penal de las empresas, tales como el financiamiento del terrorismo, corrupción de menores, cohecho, fraude y tráfico de influencias.
Recordó que uno de los puntos de partida clave fue la Convención de la OCDE para combatir el soborno.
Añadió que en México, la responsabilidad penal de las personas morales ha comenzado a tomar mayor relevancia, especialmente después de las reformas al Código Penal Federal y a las legislaciones locales.A pesar de su relevancia, muchas empresas en México no le dan la importancia debida a la responsabilidad penal de las personas morales —que puede llevar, inclusive, a que dejen de operar compañías—, así lo consideró Gerardo Montemayor de la Garza, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Monterrey y del Bufete Castro Pizaña.
“El mundo ha evolucionado, y también lo ha hecho la forma en que las empresas se exponen a riesgos legales”, indicó Montemayor.
El objetivo es evitar que estas conductas se repitan, ya que la penalización no solo afecta a los individuos, sino a las mismas empresas, poniendo en riesgo su viabilidad”.
En Nuevo León (NL), por ejemplo, una reforma reciente al Código Penal Estatal establece que las empresas pueden ser liquidadas si se demuestra que están involucradas en actividades ilícitas, un castigo que Montemayor calificó como “la pena de muerte” para una persona moral.
Ante estos riesgos, el socio del IMEF Monterrey sugirió que las empresas deben establecer programas de cumplimiento robustos que no sólo respondan a las leyes nacionales, sino que también estatales y que se alineen con las mejores prácticas internacionales.
“Es vital realizar una debida diligencia con los clientes, socios y empleados para evitar que la empresa se vea involucrada en actividades ilícitas, lo cual puede tener consecuencias devastadoras”, dijo en un evento realizado por el IMEF.
El directivo destacó algunos de los delitos federales más relevantes que pueden implicar la responsabilidad penal de las empresas, tales como el financiamiento del terrorismo, corrupción de menores, cohecho, fraude y tráfico de influencias.
Recordó que uno de los puntos de partida clave fue la Convención de la OCDE para combatir el soborno.
Añadió que en México, la responsabilidad penal de las personas morales ha comenzado a tomar mayor relevancia, especialmente después de las reformas al Código Penal Federal y a las legislaciones locales.
