Una denuncia y protesta vecinal permitió la suspensión de actividades de una estación de Gas LP; sin embargo, el gusto sólo duró unas horas ya que autoridades de Toluca, Estado de México, ordenaron la reapertura.
Los vecinos piden investigar el caso, pues advierten que detrás de ésta maniobra puede haber actos de corrupción.
En entrevista con EL FINANCIERO explicaron que a principios de mes los vecinos de las colonias Seminario Tercera y Cuarta sección, y San Buenventura, hicieron una protesta en la que exigieron la clausura de una gasera.
Dijeron que dicha estación opera de manera clandestina y, peor aún, está ubicada en una zona habitacional con los riesgos que ello representa.
Explicaron que en aquella ocasión fueron atendidos por el propio alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien les aseguró que ese punto de venta cerraría definitivamente.
Fue el viernes pasado cuando personal de la Dirección de Protección Civil acudió al lugar y colocó los sellos de suspensión de actividades, esto al acreditar anomalías en la operación del establecimiento.
"Lo lamentable es que la clausura sólo duró dos días ya que el lunes reabrió y de inmediato lo advertimos por el fuerte olor a gas, que fue uno de los puntos por los que inició la protesta vecinal", comentó José Ramón Raygadas, uno de los vecinos.
Éste y otros vecinos advirtieron que su protesta no es un capricho sino una llamada de alerta a las autoridades. "Estamos avisando a tiempo antes que pase una tragedia, los funcionarios y empleados de Protección Civil del Estado de México son unos corruptos", acusaron.
Bruno Manríquez, otro de los inconformes, acusó que en el Estado de México no se ha entendido que la corrupción mata.
"Ha pasado en todos lados y aquí lo estamos alertando a tiempo. No entendemos como es que la gasera sigue abriendo, el propio alcalde Juan Rodolfo Sánchez nos dijo que esa gasera no tiene los permisos municipales para abrir y mira, ya siguen trabajando como si nada, como es eso posible; solo con la corrupción", comentó.
Explicaron que ya sostuvieron una reunión con personal de Protección Civil Estatal, dónde también les afirmaron que la dependencia no ha expedido permisos para la instalación de ese punto de venta.
Por ello, insistieron en que se revise el caso, no sólo por parte de las autoridades municipales, sino también estatales y federales.
"Queremos pedirle a las autoridades federales o al secretario de gobierno, Ernesto Nemer, que intervenga, sí no tienen los permisos, entonces cómo es que siguen operando, no respetan las leyes, no respetan a los funcionarios, lo tiene comprados o qué pasa".
Bruno Manríquez pidió, incluso, que se investigue al personal de Protección Civil de Gobierno del Estado, pues al menos 50 gaseras clandestinas operan de igual manera en Toluca y sus alrededores.
"No es un caso aislado, así esta todo el Estado de México, vivimos en un riesgo latente y a nadie le importa, alguien esta haciendo millonario a costa de nuestras vidas. El Gobernador, el Secretario de Gobierno o el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, debe ordenar una investigación contra el personal de Protección Civil que son los que avalan la instalación de las gaseras clandestinas".
En específico se refirió a Ricardo de la Cruz Musalem, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, y Samuel Gutiérrez Macías, el encargado de la Dirección de Operación de Protección Civil.
"Ellos deben explicar por qué están permitiendo que sigan operando éste tipo de establecimientos", indicó Bruno Manríquez.