La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51VG/2022 al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general de la entidad, Verónica Hernández Giadáns, por las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra una mujer, quien fue torturada y abusada sexualmente, luego de ser detenida en la Ciudad de México y trasladada a esa entidad por parte de policías ministeriales
La mujer, July Raquel, fue detenida en 2020 por supuestamente haber participado en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, quien fue asesinada en un inmueble adjunto a la institución educativa y por quien hubo múltiples movilizaciones para exigir justicia.
Desde el momento de la detención, la familia de la joven de 29 años aseguró que fue detenida de manera arbitraria y algunas voces señalaron que únicamente intentaban que cesaran las peticiones de justicia.
Desde noviembre de 2020, la mamá de July Raquel presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que en la queja señala que fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.
Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente. Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General de Veracruz fue revisada por un médico quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país.
July Raquel permanece detenida en el penal Pacho Viejo donde se encuentra en prisión preventiva.
La CNDH afirma en la recomendación 51VG/2022 que la Fiscalía General del Estado sí cometió tortura física, psicológica y sexual para que aceptara que participó en el asesinato.
Por ello el Gobierno de Veracruz deberá inscribirla a ella y a las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas para acceder a la reparación del daño y colaborar con las quejas y denuncias que se realicen.
Además, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de las Mujeres para capacitar al personal del penal en materia de derechos humanos.
Por su parte la FGE deberá reparar el daño incluyendo una compensación justa y suficiente y colaborar con denuncias y quejas para deslindar responsabilidades.
