Con menos reflectores, pero con un impacto potencialmente mayor sobre la reserva de Sian Ka’an en Quintana Roo, se encuentra en desarrollo un ambicioso proyecto turístico: “Puerta al Mar”, un complejo promovido por el gobierno que busca convertirse en uno de los principales polos de atracción de visitantes dentro del megaproyecto ferroviario Tren Maya.
El proyecto original del gobierno federal y estatal contemplaba ampliar un camino que se adentrara en la selva hasta llegar a la costa del Caribe, atravesando una zona de alta protección ambiental, cuya extraordinaria riqueza natural corre el riesgo de verse gravemente afectada por las obras.
El proyecto incluye una zona de camastros, una playa artificial, además de palapas en un terreno de 6 mil metros cuadrados, entre otras obras con el fin de edificar un centro turístico masivo, con un costo al erario que ronda los 175 mil millones de pesos.
El ensanchamiento de la vereda fue el argumento del gobierno para iniciar con la obra, la cual fue adjudicada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Aunque se planteó inicialmente como un camino artesanal de 57 kilómetros, que permitiría conectar el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la estación del Tren Maya y el mar, este proyecto culminará como un desarrollo turístico.
Ante ello, los pobladores de Felipe Carrillo Puerto y de la Colonia de Pescadores en Punta Allen muestran su descontento por la continuación de la obra.
El 15 de octubre, los pobladores originarios denunciaron daños en los manglares y, durante la más reciente sesión informativa con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), manifestaron su rechazo al proyecto.
El proyecto, que según el gobierno de Quintana Roo implica una inversión de 600 millones de pesos, comenzó a ser construido sin haber tramitado los permisos ambientales necesarios y sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Durante poco más de un año, el ejército desmontó mangle para ensanchar el camino y poner una plancha de cemento que rompe el equilibrio ambiental de la zona.
“Ya está construido el muelle, es visible el corte del mangle. Se ve cómo hay cortes por la construcción. Caminamos y observamos los trabajos de la Sedena, quitaron vegetación, se ve la destrucción, además de una especie de pasos de fauna que no cumplen con los criterios”, refiere Gabriela Lee, codirectora de TerraVida, una asociación ambiental y legal que acompaña jurídicamente a los pobladores.
Pobladores piden negar MIA a megaproyecto
Pobladores piden al gobierno no otorgar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al ejército para la continuación de las obras, que han sido suspendidas mientras se lleva a cabo el proceso señalado en la legislación ambiental.
“Exigimos a las Semarnat que le niegue el permiso al ejército para la construcción de este proyecto turístico que daña profundamente las selvas de Yucatán”, pidió un colectivo que apoya la suspensión.
Aunque el inicio de las obras fue ilegal, el gobierno ha presentado el estudio ambiental que ya fue discutido y que está en proceso de ser analizado por la autoridad.
De acuerdo con Lee, la MIA puede ser aceptada como fue propuesta, aprobada con reservas o rechazada.
Los pobladores de la zona advierten, incluso, que las actividades turísticas en la ‘Puerta al Mar’ sean precisamente eso: el comienzo de más desarrollos masivos que pongan en mayor peligro el equilibrio de la reserva de Sian Ka’an. que ha sido cuidada por su riqueza ambiental desde mediados de los años 80, cuando fue incluida como Área Natural Protegida.
La presencia de militares no solo como constructores y gestores de los proyectos turísticos en el sureste está trayendo un nuevo problema: la participación de las comunidades está siendo cada vez menor cuando se trata de defender ante personal militar los territorios.
Por otro lado, los pobladores argumentan ante las autoridades que otro de las razones por las que debe ser negada la MIA está a unos cuantos kilómetros, en Tulum, en donde el ejército tomó el Parque del Jaguar, privatizando por completo el acceso, y afectando la llegada de turistas, que han tenido que optar por opciones menos costosas para entrar a la playa.
“Hay un boom de la presencia militar. Ahora los militares ejecutan la obra y participan en los diálogos con la población. Estamos viendo que se encargan del turismo. Hay una tendencia de iniciar los proyectos sin los permisos ambientales”, agrega la codirectora de TerraVida.
